Datos alarmantes y recomendaciones urgentes surgen del informe de Naciones Unidas a Argentina

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos llevó a cabo su primera visita oficial a la República Argentina del 16 al 28 de febrero de 2023.

La visita fue convocada por invitación del Gobierno para evaluar los esfuerzos para abordar los posibles impactos adversos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos e identificar buenas prácticas para implementar los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en Argentina.

El Grupo de Trabajo realizó visitas a terreno y se reunió con activistas ambientales, gobiernos, empresas, universidades. En este marco, 7 organizaciones de base, campesinas, indígenas y grupos de defensoras ambientales miembros de la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina y del Programa de Defensoras Ambientales, participaron de reuniones directas con el grupo de trabajo ONU, presentando casos concretos de violaciones a derechos humanos a las comunidades locales por parte de empresas.

Lucia, miembro de ENI Argentina que participó de las reuniones con ONU, y expresó que encontraron un espacio de respeto y escucha para compartir las luchas y demandas que tienen como mujeres campesinas, indígenas y de comunidades locales rurales. 

“…Esperamos que el gobierno se haga eco de estas demandas y del informe que presenta Naciones Unidas sobre los atropellos que realizan las empresas extractivas en nuestros territorios, sobre nuestras comunidades  y sobre nosotras mismas que somos las que año tras año estamos resistiendo. No perdemos la esperanza de que se frenen los desmontes y se entreguen las tierras a quienes vivimos en ellas por generaciones. Esperamos que este sea un paso para avanzar en el acceso a derechos territoriales de las mujeres campesinas y de las comunidades locales…”

Con la información recabada, el Grupo de Trabajo realizó un informe preliminar que se presentó mediante conferencia de prensa el pasado 28 de febrero. 

Del informe preliminar, surgen datos alarmantes y recomendaciones urgentes de ONU al Estado Argentino principalmente en función de temas críticos como: derechos de los Pueblos Indígenas, trabajo, género y diversidad, personas con discapacidad, medio ambiente y recursos naturales, y salud. 

Principales resultados extraídos del informe preliminar

Durante su visita, el Grupo de Trabajo recibió información sustantiva y suficiente para evidenciar problemáticas en materia de derechos humanos y empresas.

“…aún queda mucho por hacer para la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial en Argentina y la implementación de los Principios Rectores. El país cuenta con un marco normativo vasto, sin embargo su implementación y la debida fiscalización son muy limitadas a nivel nacional y provincial. El acceso a la justicia y remediación es también un desafío que persiste, así como las cuestiones de participación pública e inclusión. Las poblaciones históricamente vulneradas, particularmente los Pueblos Indígenas, se encuentran en un estado de riesgo permanente y esto debe ser subsanado urgentemente…”

Informe del Grupo de Trabajo de Empresas y DDHH – ONU 2023

SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Ordenamiento territorial 

El Estado nacional ha reconocido a 1822 comunidades en toda la Argentina, de las cuales menos de la mitad tienen culminado el relevamiento de sus territorios, como lo ordena la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena sancionada en 2006 y prorrogada por última vez por el Decreto 805/2021. Si bien el Grupo de Trabajo valora la sanción de esta ley que impide los desalojos de las comunidades, preocupa el riesgo jurídico que supone para las comunidades la prórroga por decreto. 

Por otra parte, el Grupo de Trabajo recibió denuncias que dan cuenta de que, incumpliendo con la normativa, aún se realizan desalojos de las comunidades –en muchos casos violentos– particularmente para habilitar proyectos de gran extensión territorial (por ejemplo en industrias extractivas y desarrollos inmobiliarios) y que el relevamiento de sus territorios ha sido hasta ahora un proceso lento e ineficiente. 

El Grupo de Trabajo alienta en el informe al Estado argentino, no solo a avanzar en el ordenamiento del territorio, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando cumplimiento al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT (ratificado por Argentina en el año 2000) sino a actuar frente a su obligación de establecer una ley nacional de propiedad comunitaria, y en avanzar en el proceso de titularización. 

Racismo estructural, estigmatización y hostigamiento 

Aunque el Grupo de Trabajo celebró el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en la Constitución Nacional, han notado con alarma la discriminación estructural que afecta a las personas de los Pueblos Indígenas, sufriendo mayores índices de pobreza y barreras más acentuadas en el acceso a la infraestructura esencial como salud, electricidad, agua y educación. Las posibilidades de obtener medios de vida adecuados para su desarrollo se ven afectados por la altísima tasa de informalidad laboral y por las dificultades que enfrentan para llevar adelante sus actividades económicas tradicionales debido al avance de la frontera agrícola y de las industrias extractivas. 

Asimismo, la estigmatización e invisibilización de los Pueblos y Comunidades locales e  Indígenas en la sociedad en general, e inclusive en los medios de comunicación que exacerban discursos altamente racistas, es inaceptable y da cuenta de una enorme deuda histórica del Estado y la sociedad argentina con los pueblos originarios. Durante la visita, el Grupo de Trabajo ha recibido una preocupante cantidad de denuncias de desalojos e intervenciones violentas, represión, allanamientos, criminalización y judicialización. Instamos a las autoridades a abordar estos episodios con urgencia y a las empresas a abstenerse de cualquier acción que pudiera verse como hostigamiento o presión sobre los Pueblos Indígenas.

RECURSOS NATURALES Y DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE 

En el transcurso de su visita, el Grupo de trabajo recibió numerosas denuncias vinculadas al tema ambiental. Se les informó de irregularidades y fallas sistemáticas producidas durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cuyos efectos podrían ser irreversibles para el planeta y generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Se han enfatizado asimismo las preocupaciones en materia de acceso al agua segura, en vista de su importancia para la salud de las comunidades, así como sus repercusiones en los medios de subsistencia, la alimentación y los ecosistemas, especialmente en aquellas provincias con actividades extractivas y de agronegocios a gran escala. 

El Grupo de trabajo pudo observar de forma directa los efectos de la deforestación y la pérdida de biodiversidad en algunas regiones del país, y cómo estos afectan de manera desigual a las comunidades en riesgo de vulnerabilidad. Del mismo modo, preocupa la información recibida acerca de la falta de protección efectiva y los subsecuentes impactos negativos en áreas protegidas en algunas provincias del país, particularmente en zonas glaciares y periglaciares en Catamarca y San Juan, por ejemplo en la mina Veladero, y en zonas de humedales en Chaco y Corrientes. Estas tendencias resultan alarmantes en vista de que problemáticas ambientales como la contaminación del agua, aire y suelos, así como la degradación causada por el desmonte y los monocultivos agrícolas y forestales, exacerban los efectos del cambio climático.

En un contexto de transición energética asociada justamente a la crisis climática, hemos identificado un aumento significativo en la extracción no convencional de hidrocarburos y de minerales como el litio, lo cual presenta grandes desafíos en materia de derechos humanos y de impactos ambientales. El Grupo de Trabajo escuchó con preocupación las consecuencias negativas que ya están experimentando las personas y comunidades en diferentes provincias, particularmente Neuquén, Catamarca, Jujuy y Salta. El Grupo de Trabajo de ONU llama al Estado argentino a cumplir con su función reguladora y de protección de los derechos humanos y garantizar el CPLI, y a las empresas a respetar y ejercer la debida diligencia en derechos humanos durante toda la vida de los proyectos. 

De igual forma, se presentaron serias denuncias sobre el desplazamiento de comunidades tradicionales y de Pueblos Indígenas causados por proyectos de energías renovables, incluyendo presas hidroeléctricas y parques eólicos. Los impactos son diversos, desde la pérdida de medios de vida hasta afectaciones en las prácticas culturales. 

Finalmente, El Grupo de Trabajo de ONU ha sido informado de casos de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo criminalización de la protesta. Un ejemplo preocupante lo constituyen las denuncias recibidas por el Grupo de Trabajo sobre hechos de represión ocurridos en la localidad de Andalgalá, provincia de Catamarca, en mayo de 2022, que derivaron en la detención y judicialización de vecinos y vecinas que se oponen al proyecto minero MARA.

“En el informe se exhorta a las autoridades competentes a garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos en todo el país y a crear mecanismos para la protección de las personas defensoras”.

Informe del Grupo de Trabajo de Empresas y DDHH – ONU 2023

DERECHO A LA SALUD 

El Grupo de Trabajo recibió con alarma reportes de afectaciones severas en el contexto de las operaciones empresariales en sectores productivos de gran peso para la economía del país. Particularmente, nos preocupa el uso extendido de biocidas en locaciones con poblaciones cercanas y los daños a la salud provocados por las derivas de estos químicos. 

Resulta llamativo para el Grupo de Trabajo la persistencia de padecimientos digestivos, cutáneos, respiratorios y vinculados a la salud reproductiva en áreas impactadas por el uso de estos biocidas, habiendo recibido reportes asimismo de una alta incidencia de cáncer. Es crítico que el Estado argentino redoble esfuerzos para garantizar la protección de la salud de las personas que habitan estas zonas, incluyendo mayores regulaciones y fiscalización a las empresas que operan con estos químicos. Es igualmente crucial que las empresas cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, abstenerse de ejercer daño y proveer reparaciones cuando este daño ocurre.

Nuevo Examen Periódico Universal

La situación de derechos humanos en Argentina será considerada por cuarta vez por el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el lunes 23 de enero de 2023 que será transmitida en vivo por webcast en inglés y español (Hora de 1030 a 1430 hora de Argentina). 

Este nuevo examen se llevará a cabo en Ginebra entre el 23 de enero y el 3 de febrero. Si bien en esta ocasión no podremos estar presencialmente, hemos realizado acciones de incidencia durante los últimos meses del 2022 con  organizaciones de DDHH y Gobiernos de Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos, Eslovenia, Paraguay, Bolivia y Finlandia. Además nos hemos contactado con las CNT pares de África. 

En todos los casos, les hemos acercado nuestro informe “DERECHOS HUMANOS Y LA RELEVANCIA DE LOS DERECHOS A LA TIERRA Y TERRITORIO EN ARGENTINA” y puntos clave para incentivar a estos gobiernos a que incluyan las temáticas de Derechos a la Tierra en sus preguntas al Estado Argentino.

Los documentos en los que se basa la Comisión examinadora del EPU para la evaluación son:

• El informe nacional con información presentado por el Estado bajo examinación;
• una compilación de los informes de expertos y grupos de trabajo independientes conocidos como los Procedimientos Especiales, los Órganos de los Tratados de derechos humanos, y otras entidades de las Naciones Unidas;
• un resumen de la información proporcionada por los actores interesados pertinentes, incluyendo las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones regionales y las organizaciones no gubernamentales.

A partir del trabajo de incidencia realizado, podemos observar en los tres informes ya publicados por ONU que hemos logrado incluir cuestiones clave de los Derechos a la Tierra en la evaluación, en el informe de compilación de expertos, donde se incorporan recomendaciones textuales del informe de la CNT Argentina, en el informe de organizaciones regionales que toman recomendaciones del último informe DESC realizadas por la Coalición y también, en las preguntas clave enviadas con anticipación, donde Alemania y Eslovenia han apuntado sus preguntas a temas clave que hemos introducido en el informe. 

Algunos datos importantes que ya podemos observar en el informe presentado por ONU y que se vinculan directamente a nuestro informe y agenda:

1- Preocupación por las denuncias de amenazas y violencia, en los últimos años, contra los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y por la tendencia a la confrontación violenta y a la criminalización de quienes buscan la restitución de los territorios indígenas. 

2- El informe retoma que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  (DESC) recomendó garantizar la implementación de la Ley núm. 27118 de agricultura familiar mediante la adopción sin demora de la correspondiente reglamentación, y tomar medidas para reforzar la seguridad de la tenencia de la tierra de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas

3- La Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación expresa su gran preocupación por el agotamiento del suelo y la degradación de las tierras asociados a la producción de soja, y el hecho de que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura hubiera clasificado a la Argentina entre los países que habían perdido más bosques.  Mientras el Comité DESC se mostró muy alarmado por el aumento en el uso en la Argentina de pesticidas y herbicidas que contienen glifosato, y recomendó la adopción de un marco normativo que incluyera la aplicación del principio de precaución con respecto al uso de pesticidas y herbicidas nocivos

4- Sobre el Derecho a la Tierra, la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación indicó que, a lo largo de los años, y como consecuencia de la expansión de las actividades agrícolas, incluida la producción de soja, los pueblos indígenas habían perdido grandes porciones de sus tierras tradicionales. Al mismo tiempo, el Comité DESC marcó su  preocupación sobre el que no se hubiesen previsto mecanismos para la titulación de las tierras ancestralmente ocupadas por los pueblos indígenas. 

5- El equipo de las Naciones Unidas en el país consideró necesario avanzar en el relevamiento de las tierras comunales indígenas y en la reglamentación de una ley de propiedad comunitaria y una ley de consulta previa, libre e informada, promoviendo mecanismos de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas a nivel nacional y provincial adecuados a estándares internacionales, focalizando la cooperación en la región del Gran Chaco.

La actual crisis económica (agravado en América Latina producto de la pandemia), parece ser el justificativo ideal para seguir impulsando desde los Estados políticas extractivas que compensen las balanzas macroeconómicas a pesar de los riesgos socioambientales que generan. 

Esta situación presenta altos riesgos para las y los defensores ambientales y del territorio que día a día intentan frenar el avasallamiento del territorio, haciendo frente a gobiernos con fuertes compromisos con las industrias extractivas.  

Los y las defensoras ambientales ejercen sus derechos humanos (como la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de participar en la toma de decisiones) con el fin de proteger el medio ambiente. Son hombres y mujeres que defienden el territorio y los derechos humanos, poniendo el cuerpo para resistir.

Es por esto, que la Coalición Nacional por la Tierra Argentina (CNT Argentina), en articulación con el Programa de Defensoras Ambientales y la coordinación de Fundación Plurales, impulsan la creación del Sistema de Alerta Legislativo temprano (SALT) con el objetivo de generar una herramienta de monitoreo Legislativo Nacional para detectar situaciones de “alerta” y “oportunidad” en función de un análisis de DDHH y justicia ambiental con perspectiva de género sobre los proyectos de ley que se presentan.

“Creemos que la herramienta SALT es una oportunidad de fortalecer nuestras organizaciones y a las comunidades locales en aspectos legislativos básicos que permitan mejorar nuestras oportunidades de incidencia. Como sociedad civil hemos evidenciado que es muy difícil incidir en las políticas públicas cuando estas están en procesos avanzados de debates parlamentarios. Requiere grandes esfuerzos y recursos lograr cambios a favor o en contra de determinadas leyes cuando los Estados ya tienen compromisos construidos con sectores poderosos como las industrias que generan divisas para el país.Es por esto, que creemos que la creación de un sistema que pueda detectar y analizar proyectos de ley en sus primeros pasos desde una visión del respeto de los  DDHH y justicia ambiental con perspectiva de género puede generar buenos resultados en términos de incidencia” (Nicolás Avellaneda, Facilitador de la CNT y Coordinador del Programa Defensoras Ambientales).

¿Qué es un sistema de alerta?

Los sistemas de alerta son mecanismos de recolección sistemática (cuantitativa o cualitativa), procesamiento y análisis de información, que permiten detectar elementos relevantes para la prevención o la intervención a tiempo ante algún tipo de conflicto que se define como objetivo.

Según la Organización de los Estados Americanos, los Sistemas de Alerta son “una de las múltiples herramientas existentes para prevenir y resolver potenciales conflictos sociales” y “deben ser parte de una estrategia integral para (…) la prevención y gestión de conflictos con un enfoque social y culturalmente sensible, fortaleciendo la gobernabilidad democrática, el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho”.

En el caso del Sistema de Alerta Legislativa Temprana (SALT), las alertas están dirigidas a observar proyectos de Ley y disposiciones normativas que puedan afectar o beneficiar los derechos ambientales de las comunidades desde una perspectiva de derechos humanos, con enfoque de género.

SALT busca facilitar el acceso de las organizaciones sociales y las/los defensores ambientales a los proyectos de ley que ingresan al Congreso de la Nación, identificar las dinámicas de debate y argumentación de los diferentes bloques legislativos en las distintas comisiones y generar herramientas concretas para detectar amenazas y oportunidades que esos proyectos representan para la protección de los derechos humanos en esas comunidades.

Daniela Atea y Tania Cucui, especialistas de Fundación Plurales que vienen desarrollando el instrumento, comentan que “SALT es una herramienta que facilita el acceso a información sustantiva y oportuna para identificar -en principio- el ingreso de propuestas legislativas al Congreso de la Nación que hagan foco en las temáticas por las que dichas organizaciones luchan y trabajan, analizando los argumentos para su debate y las posibilidades reales de incidir a tiempo en ese marco normativo, sus reglamentaciones y posibles aplicaciones. La creación de un sistema que pueda detectar y analizar proyectos de ley en sus primeros pasos, puede permitir que las comunidades de base se involucren y participen de manera directa aportando elementos relevantes para el debate legislativo y para la toma de decisiones y/o pongan en marcha mecanismos de incidencia en momentos cruciales posteriores a la sanción, como son la reglamentación o modificación de las leyes”.

SALT fue presentado en la última asamblea de la CNT Argentina desarrollada durante noviembre de 2022 ante las 40 organizaciones miembro de la coalición. En este espacio se presentaron los primeros indicadores a utilizar por el sistema de alerta, la metodología general y los objetivos que busca el instrumento, pensando en construir un espacio colectivo de discusión sobre la herramienta y su posterior identificación.