Miembros de ENI presentaron recomendaciones sobre agricultura familiar al Estado argentino

El documento que contiene una serie de propuestas se presentó en la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur, en Chile. El contenido surge del Comité de Tierras de ENI y contó con los aportes de los Comités de Mujeres y Jóvenes.

Organizaciones miembro de ENI y la Coalición Nacional por la Tierra presentaron en Chile un documento con recomendaciones y propuestas sobre agricultura familiar al Estado argentino. Fue durante la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF) del Mercosur que se realiza en el país trasandino.

Plataforma Semiáridos de América Latina, Encona y Federación Agraria Argentina participaron de ese encuentro, que es un espacio de construcción de políticas públicas para la producción agropecuaria familiar y que esta bajo la órbita del bloque continental.

El documento destaca que en América Latina “se viene observando que el proceso de acceso, tenencia y uso de la tierra para agricultoras y agricultores familiares campesinos e indígenas es cada vez más complejo” y subraya que hay “aspectos jurídicos, legales y sociales complican dicho proceso y configuran fenómenos de exclusión, desalojos y en muchos casos violencia estatal y paraestatal”.

Según datos de Land Matrix LAC el acaparamiento de tierras en América Latina alcanza casi 50 millones de hectáreas. En Argentina la cifra es de 11 millones. Esto es solo lo monitoreado por esta base de datos. A esto se suma el problema de la extranjerización: más del 5,23% de las tierras en Argentina está en manos de extranjeros (14,7 millones de hectáreas).

Entre las propuestas que contiene el documento se encuentran:

  • Reglamentación de la ley de Agricultura Familiar con participación de comunidades y organizaciones campesinas e indígenas, que cuente con presupuesto adecuado y una transparente disposición de los fondos para las organizaciones campesinas e indígenas.
  • Generar un ámbito de asesoramiento legal para campesinos sobre sus derechos posesorios y un tribunal específico que atienda los casos de prescripción veinteañal.
  • Aplicar las leyes de prohibición de los desalojos y generar ámbitos para la resolución de los conflictos por la tierra.
  • Concluir con el relevamiento territorial de la ley 26160, aplicar la ley de patrimonio cultural arqueológico 25743 y promulgar la ley de propiedad comunitaria indígena.
  • La ley general del ambiente 25675, la ley 27520 que establece presupuestos mínimos de protección ambiental, la ley 26509 que crea el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios son leyes que deben ser aplicadas de manera urgente y deben brindar sus beneficios al sector campesino e indígena. Del mismo modo la ley nacional de bosques 26331 se debe aplicar y debe alcanzar a campesinos e indígenas. La deforestación y la contaminación deben ser penadas por ley.
  • En consonancia con la Ley de Agricultura Familiar 27118 generar un banco de tierras para los agricultores familiares utilizando tierras en desusos de diversas entidades estatales como INTA, Fuerzas Armadas y otras.
  • Crear un programa de Agua y Agroecología para la promoción de buenas prácticas agrícolas y de comercialización justa para los productos de la agricultura familiar y el manejo sustentable de bosques y de humedales; que atienda al sector campesino e indígena.
  • Reconocer a las organizaciones indígenas y campesinas la posibilidad de participar en las mesas de trabajo y las audiencias públicas, pero que estas instancias tengan poder vinculante, que se reforme las leyes que las habilitan y se reconozca el poder vinculante de las partes que integran el territorio.

Los miembros de ENI Argentina creemos esencial que el Estado preste atención a estas propuestas surgidas de las organizaciones campesinas e indígenas para mejorar el escenario de la Agricultura Familiar en la Argentina.

El documento se puede leer completo haciendo clic aquí.

Escasos e insuficientes avances en la COP27

El pasado 18 de noviembre finalizaron dos semanas intensas de negociaciones, eventos y diálogos en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP27) en Sharm El-Sheikh, Egipto.

Cumplidos 30 años desde la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como sociedad civil, pueblos indígenas y comunidades locales, organizaciones de mujeres y jóvenes activistas por los derechos humanos y ambientales, reconocemos la escasa voluntad política de parte de los gobiernos para avanzar en dirección a la justicia climática.

Este año, Fundación Plurales, en el marco de diversas alianzas como GAGGA (Global Alliance for Green and Gender Action), Programa Defensoras Ambientales, EFAC (Escuela feminista para la Acción Climática), Coalición Nacional por la Tierra Argentina (CNT – ILC) y Plataforma Semiáridos de América Latina, participó focalizando la agenda de financiamiento directo a las comunidades y grupos de mujeres defensoras ambientales, transiciones energéticas con respeto de los derechos humanos, avance hacia la justicia climática y de género, inclusión efectiva de pérdidas y daños en la agenda climática.

Pocos avances

El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, realizó un llamado frente a la necesidad urgente de aumentar las medidas de mitigación para no perder el norte de 1,5, y mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2°C, pero no se llegó a un consenso sobre eso. 

En la Segunda Revisión Periódica del Objetivo Global a Largo Plazo bajo la Convención (LTGG), los cofacilitadores Leon Charles (Granada) y Andrew Ferrone (Luxemburgo) presentaron un nuevo proyecto de texto de decisión. Los países desarrollados subrayaron que están dando su “máxima flexibilidad” y se escucharon opiniones divergentes que no permitieron el consenso para un nuevo acuerdo.

Las negociaciones avanzaron de forma lenta, principalmente en lo referido al financiamiento climático donde no se llegó a acuerdos. No hay expectativas de aumentos en los fondos para los mecanismos ya en marcha (como los fondos verdes) a excepción de la Junta del Fondo de Adaptación que sí alcanzó un compromiso para el aumento de las contribuciones financieras.

Para el resto de los temas, los textos fueron enviados a la Presidencia de la COP y a los ministros para su consideración adicional. Un tema que parece tener un visto bueno es el acuerdo sobre el impulso de la Red de Santiago, que fue bien recibido en las mesas de negociaciones. La Red de Santiago del Mecanismo Internacional de Varsovia de Pérdidas y Daños (2013) constituye el principal vehículo técnico dentro de la Convención para promover enfoques orientados a hacer frente a las pérdidas y daños asociados a los impactos del cambio climático de forma integrada y coherente. En consultas informales, cofacilitadas por Lucas di Pietro (Argentina) y Cornelia Jäger (Austria), los grupos de trabajo presentaron un texto de compromiso, que di Pietro pidió se considere como un paquete.  Si bien la Red de Santiago avanza no se espera que se lleguen a acuerdos sobre los mecanismos de financiamiento para pérdidas y daños. Tampoco al pedido de poder no solo considerar la cuestión económica del tema sino integrar la visión de derechos humanos, desplazamientos forzosos, las pérdidas culturales y otras miradas que se busca integrar en la conceptualización de daños y pérdidas.

Aumentos de Riesgos

Quedó evidenciado desde las últimas conferencias a la actual un aumento considerable del sector empresarial corporativo en las negociaciones y un retroceso de la participación de la sociedad civil. Esto nos alerta ante la captura corporativa de las negociaciones. 

Temas como la Transición Energética y las Soluciones Tecnológicas al Cambio Climático han impulsado la participación y lobby del sector empresarial e industrial. Las falsas soluciones cobran cada vez más fuerza en las negociaciones y los mecanismos financieros logrados hasta el momento apuntan a fortalecer esta estratégia de mercado. 

Si bien los espacios de negociación son difíciles de alcanzar para la sociedad civil, los grupos de mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y comunidades locales hicimos escuchar nuestras voces y resistencias en este evento crucial para la incidencia.

Asamblea de Latinoamérica y el Caribe resiste en Egipto

Más de 40 activistas y representantes de América Latina y el Caribe participantes de la COP27 nos reunimos el pasado 15 de noviembre en Shaarm El-Sheik, para compartir análisis sobre el proceso de negociaciones y posibles agendas futuras comunes en función de las demandas regionales en el contexto político y social actual.

El espacio fue promovido por la Campaña Global para Exigir Justicia Climática, Climate Action Network-América Latina y el Grupo Constitutivo de Mujeres.

En la asamblea participaron organizaciones y comunidades de más de diez países de la región, y se escucharon voces de desilusión ante los escasos avances de las negociaciones y los grandes esfuerzos que ponemos para poder participar en estos eventos. También se  marcó la “captura corporativa de la COP27, la escasa voluntad de avanzar en la reducción de emisiones y el pago de la deuda climática, así como por la creciente promoción de mecanismos de mercado y falsas soluciones tecnológicas”. 

Sin embargo, en perspectiva también se visibilizaron los avances, como la importancia de que hoy se discuta y haya progresos en el tema de pérdidas y daños, una deuda que hace tiempo se busca incluir en las negociaciones. 

Desde Fundación Plurales llevamos a la asamblea dos temas centrales de nuestra agenda, el Acuerdo de Escazú y su implementación por medio de los planes nacionales; y la necesidad de monitorear y exigir participación en las negociaciones de los Bancos Públicos de Desarrollo en la financiación de la transición energética. 

Como cierre de la conversación se evidenció la necesidad de conformar un bloque desde la Sociedad Civil de América Latina y Caribe para posicionar una agenda compartida en la próxima COP28.

*Por Nicolás Avellaneda
*Fundación Plurales
Coalición Nacional por la Tierra – ILC LAC.
Programa Defensoras Ambientales

Cumbre de Bancos Públicos para el Desarrollo ¿Qué debemos saber?

Los días 19 y 20 de octubre, los dirigentes de los bancos públicos de desarrollo del mundo se reúnen en África en el marco de  la Cumbre Finanzas en Común, bajo el lema “Transición verde y justa para una recuperación sostenible”, debatirán cuestiones clave que afectan a la vida de millones de personas y decidirán cómo invertir miles de millones de dólares.

Sin embargo, una vez más, tomarán estas decisiones sin la participación de las y los más afectados por sus proyectos, las y los verdaderos expertos/as: las comunidades locales, las personas defensoras de los derechos humanos, los pueblos indígenas,  grupos de mujeres, la sociedad civil. 

Hablarán de “sostenibilidad” mientras ignoran las protestas contra las políticas de austeridad y el aumento de la deuda. Hablarán de «derechos humanos» mientras ignoran a quienes denuncian las violaciones de los derechos humanos. Hablarán de «transición justa» sin dar espacio a quienes defienden alternativas verdaderamente sostenibles dirigidas por la comunidad, y mientras siguen apoyando proyectos que contribuyen al cambio climático.

¿Cuál es el espacio de la sociedad civil en estas discusiones? ¿Cómo se vinculan los derechos a la tierra y la gobernanza del territorio con las decisiones de financiamiento de los bancos públicos?

El objetivo de los BPD (Bancos públicos de Desarrollo) en la cumbre se dirige a “fortalecer las alianzas entre los BPD para acelerar la convergencia hacia estándares compartidos y mejores prácticas, respaldar los compromisos de los bancos para cambiar sus estrategias hacia la sostenibilidad y dar a los BPD más visibilidad en los foros globales que discuten temas de política internacional. Al movilizar los BPD y las partes interesadas cruciales, desde el sector privado hasta las organizaciones de la sociedad civil, nuestro objetivo es fomentar enfoques más coherentes para hacer que todo el sistema de financiación del desarrollo sea coherente con nuestros objetivos climáticos y de sostenibilidad comunes”. 

Pero como mencionamos, en estas discusiones la sociedad civil no tiene espacios de participación. Es indispensable fortalecer procesos de democratización de las políticas financieras que luego repercuten directamente en las políticas públicas nacionales por medio de la financiación de los BPD a nuestros países. Esto es básico para realmente promover mejores prácticas, y respaldar los compromisos de los bancos para cambiar sus estrategias hacia la sostenibilidad.

Como sociedad debemos entender a fondo estos mecanismos y crear formas de incidencia. 

Agenda de la cumbre LINK

Más información de la cumbre: LINK

CAMPAÑA #DerechosenComún

Por ello, un grupo de activistas y grupos de la sociedad civil de todo el mundo se han reunido en la Campaña #DerechosenComún (#RightsInCommon), un espacio virtual para compartir mensajes con los bancos de desarrollo y amplifica las voces de las personas realmente expertas en desarrollo!  

Una campaña en línea para compartir los mensajes de todas aquellas personas que deberían estar al frente del desarrollo. 

¿Cómo puedes unirte? Link: https://bit.ly/3EIvDJj 

Se viene la Asamblea Anual de ENI Argentina

Como cada año, la Estrategia Nacional de Involucramiento tendrá su encuentro para tratar los temas más importantes vinculados al acceso, uso y gestión de la tierra, el agua y otros recursos naturales. Este es el espacio en el que nuestra plataforma realiza evaluaciones y define su plan de acción.

La Asamblea 2022 de ENI Argentina ya tiene fecha y lugar: será el lunes 31 de octubre y martes 1º de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. En este espacio participan los miembros de la International Land Coalition (ILC) y más de 40 instituciones del sector público y privado de la agricultura familiar, campesina e indígena del país.

En el encuentro trataremos los distintos aspectos políticos de los temas centrales que involucran a las comunidades indígenas y campesinas de la Argentina. Las instituciones miembros de ENI Argentina se reúnen para debatir y tomar decisiones sobre el plan de acción, además de realizar la evaluación de las acciones realizadas en el año que pasó.

Dentro del programa de la primera jornada, el lunes 31 de octubre, se anuncia la presentación de los datos de la auditoría de género realizada este año. Además, las comisiones -«Mujeres», «Jóvenes» y «Tierra y Territorio»- exhibirán los trabajos que se llevaron adelante durante el 2022. Se conocerán los resultados anuales arrojados por la herramienta LANDEX, que sirve para medir los avances en la gobernanza de la tierra y mejorar el impacto de nuestras acciones a nivel mundial, guiando las acciones de las organizaciones miembro de la ENI.

En la segunda jornada, el martes 1° de noviembre, habrá un panel sobre territorios sostenibles y agricultura resiliente al cambio climático, talleres, trabajo en comisiones y actualización de los mapas de ENI. El día de trabajo y la Asamblea tendrán cierre con un plenario general.

Los participantes de la Asamblea del año pasado luego de concluidas las jornadas de trabajo.

El evento requiere inscripción previa. Para ello, lxs interesadxs deberán completar el formulario hasta el lunes 10 de octubre: https://forms.gle/Ambvvbm3RYG2AwmK9

Desde ENI Argentina esperamos contar con representantes de todas las organizaciones para socializar el trabajo realizado este año y ampliar la participación para delinear de manera colectiva las acciones futuras. De esa manera podremos contra con una representación real de la cobertura territorial que tienen las organizaciones miembro de ENI en distintos puntos del país.

¡Nos vemos en la Asamblea! ¡Lxs esperamos!

Las juventudes como protagonistas en la Agenda 2030

Representantes de la Comisión de Jóvenes de la Coalición Nacional por la Tierra en  conjunto con Iniciativa Tierra y ODS participamos del Espacio Generacional para la Agenda #Argentina2030 «La juventud como protagonista» en la Biblioteca Nacional del Congreso de la Nación que se desarrolló el pasado lunes 26 de septiembre.

El evento fue coordinado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Pampa 2030, la organización Ciclos y otras instituciones que vienen impulsando la agenda de ODS. 

Desde ENI Argentina participaron cuatro compañerxs: Mario Ezequiel González, Lui Arce (Agricultorxs Urbanos), Sol Ordóñez y Rocío Bieri (Creciendo Juntos), una comitiva que pudo compartir las experiencias de todo el comité.

Fue un espacio muy enriquecedor, en lo personal y para el comité ENI, aprendimos mucho de las experiencias de otras organizaciones y pudimos compartir nuestra agenda, la mirada de las organizaciones del interior, las problemáticas de nuestras organizaciones rurales que son muy distintas de las urbanas”.

Comité Jóvenes ENI

Un espacio para discutir y construir

Durante la jornada, se presentaron los retos de cumplir con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la actualidad y el rol de las juventudes en la Agenda 2030.

Lxs representantes del Comité ENI participaron visibilizando la agenda de los Derechos a la Tierra y los ODS a partir de las reflexiones surgidas en la Escuela Argentina por la Tierra y el Territorio, una iniciativa que se llevó adelante en los últimos meses impulsada por ENI Argentina y que es el primer proyecto a nivel nacional inspirado en la Escuela regional Juventudes, Tierra y Territorio de la ILC América Latina. 

Jóvenes en Altavoz – Entrevistas 

Lxs Jóvenes de ENI Argentina tomaron el micrófono y entrevistaron a Matías Sotomayor, Director General de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Políticas Sociales de Presidencia y Coordinador de la Agenda 2030 de Argentina. Le realizaron dos preguntas centrales para nuestra agenda: por un lado, ¿cómo los jóvenes pueden involucrarse en lograr las metas de los ODS?; por otro, ¿cómo el Consejo Nacional de Políticas Sociales y la Agenda 2030 pueden fortalecer a la agricultura familiar, campesina e indígena?

¡Escuchá la entrevista!

¿Por qué son importantes los Derechos a la Tierra en la Agenda 2030? 

Según las últimas estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) nos encontramos en una nueva situación de alerta. 

Si bien el mundo estaba lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluso antes de 2020, la pandemia ha agravado esa tendencia, cobrando un precio devastador en la vida y los medios de subsistencia de las personas y en las iniciativas mundiales para alcanzar los ODS. En contra de las primeras previsiones, la pandemia de la COVID-19 mantuvo la economía mundial bajo su control hasta bien entrado el año 2021, lo que agravó aún más una situación ya alarmante en términos de hambre e inseguridad alimentaria. 

La estimación de personas con hambre en el mundo es de 768 millones. Un paso atrás que hace retroceder el escenario a números de 2005.

El informe completo de la FAO se puede consultar en: https://bit.ly/3Se9TsY.

#JóvenesenAltavoz #DerechosalaTierra #ODS

Los territorios no se venden, se defienden – MO.CA.SE.

LA COMUNIDAD DE POZO PANCHO NUCLEADA EN LA UPPSAN – MOCASE SE PREPARA PARA LA RESISTENCIA PACÍFICA.

Ayer se vencieron los 10 días que otorgó el juez para iniciar el desalojo de las familias de Pozo Pancho, en el departamento Alberdi. Las familias se preparan con el acompañamiento de las distintas comunidades para la RESISTENCIA PACÍFICA.

Desde este sábado 24 de septiembre, las comunidades junto a sus referentes de la Organización UPPSAN (Unión de Pequeños Productores del Salado Norte) se congregaron en la casa del compañero Remberto Villalba para dar inicio a un PLAN DE LUCHA por un posible lanzamiento de desalojo que intentaría realizar la empresa PASTOS DEL NORTE S.A oriunda de la provincia del Chaco a través del Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero.

Las familias del Movimiento Campesino manifiestan que no habrá negociación y se preparan para La RESISTENCIA PACÍFICA. En el encuentro participaron junto a los diferentes delegados de las comunidades nuestro líder Guido Corvalan, los compañeros de APPA (Asociación de Pequeños Productores de Alberdi, también acompañó el P. Carlos de la parroquia de Santos Lugares, y la SAFCI (Secretaria de Agricultura Familiar Campesina Indigena).

A partir de hoy, se inicia el estado de alerta, con asamblea permanente en el lugar. Es fundamental, el acompañamiento de las comunidades aledañas de los distintos territorios de la provincia, para el acompañamiento solidario, en esta lucha TAN DESIGUAL. Desde este convencimiento, interpelamos a la sociedad, a los tres poderes del Estado a velar por la vida, los recursos naturales y por las familias poseedoras ancestrales, a que se resguarden sus derechos y se garantice la paz social. NOSOTROS VAMOS A CUIDAR LA VIDA Y LOS BIENES NATURALES. 

Ese es nuestro norte y hacia allí vamos. Por la Tierra el Agua y el Monte…Mocase.

Tel de contacto Guido Corvalan 3854891250. Gabriela Villalba 3846496711

Publicado en FB de MOCASE: @MOCASE.Santiago 

Escasos avances en los países de América Latina y el Caribe para garantizar los derechos sobre la tierra

La prevención del acaparamiento de tierras y la aplicación de medidas de protección estatal para las y los defensores de la tierra y el medio ambiente son fundamentales para hacer frente al malestar social y medioambiental en la región.

Nuevos datos muestran que, aunque existen marcos jurídicos sólidos en torno a los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra, su aplicación sigue siendo deficiente.

En las últimas décadas, la extrema concentración de la tierra en América Latina ha planteado varios desafíos para la región. Con la tasa de desigualdad de la tierra más alta del mundo, el 10% de los propietarios de tierras más ricos poseen hasta el 75% de las tierras agrícolas y el 50% más pobre, menos del 2% (Uneven Ground, 2020). Y pese a que varios países han hecho promesas esperanzadoras con sus marcos legales para mejorar la gobernanza de la tierra, la aplicación es sorprendentemente baja, dejando una marcada brecha entre las promesas y los resultados. LANDex, el índice global de la tierra, está supervisando y democratizando los datos en la región, haciendo que gobiernos y empresas rindan cuentas de sus promesas y proporcionando información clave sobre la situación en esta compleja cuestión.

Los países analizados con LANDex reciben una puntuación de 0 a 100 en función de sus marcos legales, su aplicación y su impacto en una amplia gama de cuestiones relacionadas con la tierra. Hasta ahora, la herramienta se ha aplicado en trece países de ALC³, de un total de 31 en todo el mundo.⁴

“La cuestión de la tierra y su gobernanza están en el centro de serios conflictos sociales y ambientales y de la vulneración de los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales, por lo que urge tomar medidas correctivas sobre este tema. Es claro que el estado de la gobernanza de la tierra en los países es un indicador importante de la calidad de sus democracias, y los resultados que vamos obteniendo son alarmantes” señala Zulema Burneo, coordinadora regional de la ILC en América Latina y el Caribe.

Y resalta: «Afortunadamente, las Coaliciones Nacionales por la Tierra -encargadas de la implementación de LANDex en los diferentes países- se encuentran utilizando la información obtenida e incidiendo en sus gobiernos para generar cambios políticos que permitan mejorar la situación de los derechos sobre la tierra en la región».

ALGUNOS DE LOS HALLAZGOS MÁS RELEVANTES:

  • En Ecuador, donde recientemente un paro nacional paralizó al gobierno en el marco de intensas protestas sociales, las mujeres rurales son sumamente vulnerables: poco más del 3% de estas cuentan con derechos documentados sobre la tierra que trabajan.
  • En Colombia, donde ha asumido recientemente un nuevo gobierno comprometido con una agenda que recoge las demandas de los sectores rurales, se constata que aunque el marco legal sobre los derechos territoriales de grupos étnicos es uno de los más avanzados, su implementación es limitada. Entre los retos pendientes está reconocer que los derechos colectivos a la tierra no se reducen a la titulación, así como avanzar en la definición de los derechos de uso de la tierra de las comunidades.
  • En Bolivia, si bien se ha avanzado en los últimos gobiernos en el reconocimiento de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y en la titulación de sus territorios, en la práctica estos no se respetan a causa de los impactos del extractivismo que se promueve desde el Estado. Una muestra de ello es que la consulta previa a pueblos indígenas está legislada, pero su aplicación es deficiente.
  • En Perú, en donde la agricultura familiar representa el 97% de las unidades agropecuarias, falta apoyo institucional para este sector, incluyendo acceso a presupuesto y una distribución más equitativa de la tierra y otros recursos. La agricultura familiar en Perú tiene la puntuación más baja de la región.
  • En Argentina, en donde hay una notable expansión de la agroindustria desde hace dos décadas, la seguridad de la tenencia de las comunidades locales y los pueblos indígenas es aún una deuda. Todas las comunidades consultadas afirman haber tenido tensiones o disputas por sus tierras y la mayoría no cuenta con documentos que sustenten el derecho a sus tierras.
  • En Guatemala, a pesar de que la agricultura familiar es responsable de la seguridad alimentaria del país, el apoyo que recibe es mínimo, pues las políticas en su favor no se implementan ni se acompañan de presupuestos adecuados. Como constata LANDex, tan solo el 3.18% de un presupuesto de USD 184 millones se destina a este sector. De otro lado, la crisis que afrontan las personas defensoras de la tierra en el país, lejos de ser atendida, es perpetuada por el Estado en alianza con las corporaciones con interés en sus territorios.
  • En Nicaragua hay un despojo alarmante de tierras de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, a causa de la ampliación de la frontera agrícola para la agroindustria, sobre todo en el Caribe Norte. Si bien existe una ley que protege las tierras de comunidades indígenas y afrodescendientes, los conflictos por las invasiones de colonos a dichas tierras persisten en gran media por las facilidades que brinda el Estado para favorecer la concentración de tierras a manos de la industria agropecuaria y minera.
  • En Santa Lucía, isla del Caribe de 616 km2, aunque las organizaciones de la sociedad civil empiezan a agruparse para incidir en los procesos vinculados a la gobernanza de la tierra, las comunidades indígenas tienen poco margen de maniobra para decidir sobre la implementación de proyectos que afectan sus territorios, pues la consulta previa se aplica de forma deficiente.

“LANDex pone de manifiesto tendencias preocupantes en la gobernanza de la tierra que amenazan con socavar importantes avances en la región. Los datos muestran las lagunas en el monitoreo que realizan los gobiernos sobre la gobernanza de la tierra, y cómo éste difiere de la forma en la que experimentan dicha gobernanza las mujeres y los pueblos indígenas, entre otros actores involucrados” sostiene Eva Hershaw, responsable de datos en la International Land Coalition (ILC), organización responsable de LANDex.

Los resultados de esta iniciativa serán presentados el 23 de agosto en el evento en línea Datos complementarios sobre la tierra: ¿para qué? Presentación regional de resultados del Índice de Gobernanza de la Tierra (LANDex). En la cita participarán Coaliciones Nacionales por la Tierra de ocho países de ALC⁵ para compartir los principales hallazgos que demuestran los limitados avances en materia de gobernanza de la tierra, las formas en las que están usando los datos que se recogen, y los desafíos pendientes.


¹ LANDex se estructura sobre la base de los temas que recogen los 10 Compromisos de la International Land Coalition para lograr la gobernanza de la tierra centrada en las personas.

² Entre ellos: OSC, ONG, gobierno, academia e institutos de investigación. LANDex requiere una mínima diversidad de respuestas de diversos sectores y los datos pasan por varios pasos de revisión y validación.

³ Se considera información de Ecuador, Colombia, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Argentina, Chile, Perú, Belice, Granada, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.

⁴ En ALC se recibieron 925 respuestas de 6 sectores distintos.

⁵ De los 13 países de ALC en donde se implementa LANDex, se presentarán resultados de Ecuador, Colombia, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Argentina, Perú, y Santa Lucía.

CONTACTO PARA MEDIOS Y ENTREVISTAS

Sandra Apaza Lanyi – ILC LAC

Mail: sandra@landcoalition.info / Móvil: +34 625 830983

Convocatoria a consultoría para implementación de auditoría de género

ENI Argentina lanza una convocatoria a profesionales de las ciencias sociales para realizar una consultoría que permita mejorar la implementación de la perspectiva de género en el trabajo de la plataforma y desarrollar herramientas de evaluación y monitoreo en esta dirección.

La plataforma ENI Argentina busca consultor/a externo/a o equipo consultor externo para la realización de una consultoría para implementación de una auditoría de género al interior de la organización, en el marco de la Coalición Nacional por la Tierra (CNT) Argentina.

Las CNT (Coaliciones Nacionales por la Tierra) son procesos de múltiples partes impulsados por miembros de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierras (ILC, por sus siglas en inglés) para promover la gobernanza de la tierra centrada en las personas. Los procesos de estas plataformas están dirigidos por actores nacionales e incluyen a miembros y no miembros de la ILC que estructuran su accionar en modelos de gobernanza colectiva, y están vinculados a procesos regionales y mundiales de la Coalición.

En el mundo existen más de 25 ENIs, de las cuales 7 se encuentran en Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Perú.

ENI Argentina nace en febrero de 2018 con cuatro organizaciones miembro de la ILC en el país (Fundación Plurales, Redes Chaco, Fundapaz y Federación Agraria Argentina). A ellas se sumaron más de 38 instituciones, como organizaciones de base, campesinas, comunidades indígenas, redes y colectivos de segundo orden, ONGs, instituciones públicas y privadas.

La convocatoria apunta a profesionales con formación de grado o superior preferentemente en Ciencias Sociales con especialización en metodología cuantitativa y cualitativa residentes en Argentina. El período de contratación será de cinco meses, de septiembre del corriente año a febrero del año próximo.

El objetivo general de la consultoría es analizar el accionar de la Coalición Nacional de la Tierra Argentina y sus resultados en términos de equidad y justicia de género.

Objetivos específicos:

  • Evaluar y mejorar las estratégias de trabajo de la plataforma según la perspectiva de género.
  • Desarrollar herramientas y metodologías de E&M para mejorar las acciones de la CNT Argentina con perspectiva de género.
  • Generar un proceso participativo, donde se validan datos e información con diferentes referentes de la plataforma.

La consultoría debe utilizar y generar información para poder desarrollar una línea de base que dé cuenta de la incorporación de criterios de trabajo desde la perspectiva de género en la plataforma, como también herramientas para generar un proceso de evaluación y seguimiento de las actividades de la CNT desde la misma óptica.

Para esto será necesario realizar búsqueda de información secundaria, realizar entrevistas a actores clave miembros de la plataforma. Realización de un taller presencial (en el marco de la Asamblea Nacional de la CNT) y un encuentro de validación de la información generada (virtual).

La fecha límite para la postulación es el 21 de agosto de 2022. Enviar mail a info@landcoalition.info con el asunto «Postulación Consultoría – Auditoria de Género 2022».

Para más información, se puede acceder al documento completo de la convocatoria:

Solicitamos información al Estado sobre la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar

Desde ENI Argentina enviamos una nota a la Secretaría de Agricultura Familiar pidiendo que se aclaren algunos puntos en relación a esta ley y exigiendo que las organizaciones campesinas e indígenas participen de las decisiones.

Una carta enviada a la conducción de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación condensó los pedidos de información de parte de ENI Argentina, sus socios (Fundación Plurales, Fundapaz, Redes Chaco y Federación Agraria Argentina) y más de 41 organizaciones campesinas, indígenas y técnicas, en relación a puntos relevantes vinculados a la situación de la Ley 27.118 o Ley de Agricultura Familiar.

Cabe aclarar que estos pedidos surgieron en el Marco del Comité de Tierras de ENI Argentina.

Uno de los puntos sobre los que solicitamos mayor información es la reglamentación de dicha ley. El pasado 2 de junio, en una conferencia de prensa de la que participó el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, y los principales funcionarios del área de agricultura. Hasta el momento no tuvimos acceso al documento reglamentario y no tenemos noticias certeras de qué es lo aprobado.

Pedimos que, si existe el decreto reglamentario, el gobierno nos habilite el acceso al mismo para compartirlo con las organizaciones miembros de la coalición.

Por otra parte, nos preocupa la falta de información sobre la distribución de fondos. El día de la conferencia antes mencionada, se confirmó una partida de 100 millones de dólares destinados a la Ley de Agricultura Familiar. Aclarando que celebramos la asignación presupuestaria, nos parece importante conocer claramente cuáles serán los mecanismos de distribución de esos recursos.

¿Quiénes serán los beneficiarios? ¿Con qué definición de agricultores familiares se trabajará? ¿Cuáles serán los problemas que se atenderán con dichos fondos? Por ahora, son preguntas que no tienen respuesta, algo que es necesario para transparentar el mecanismo de ejecución de ese presupuesto.

Por último, la carta enviada a la Secretaría de Agricultura Familiar expresa la necesidad de que las organizaciones campesinas e indígenas tengan participación en la definición de dichos mecanismos de distribución y en el monitoreo de su ejecución. ENI Argentina, sus socios y las organizaciones firmantes estamos a disposición para aceitar este proceso y que se nos facilite el acceso a la información necesaria para garantizar un proceso de puesta en práctica de la ley que sea útil, transparente y sólido.

Derechos a la tierra: ENI Argentina presentó un informe al Consejo de DDHH de la ONU

El 14 de julio, las organizaciones miembro de la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina presentamos un Informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas denominado “Derechos Humanos y la relevancia de los derechos a la tierra y territorio en Argentina”. 

El  informe “Derechos Humanos y la relevancia de los derechos a la tierra y territorio en Argentina” fue presentado como contribución e inclusión de la agenda de Derechos a la Tierra al mecanismo de evaluación al Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) donde Argentina será evaluada por sus pares en enero y febrero del 2023. 

El presente informe fue construido en el marco de investigaciones propias a través de las iniciativas LANDEX, Tierra y ODS, Land Matrix, Programa Defensoras Ambientales, Iniciativa Semiáridos de América Latina y como complemento se utilizaron fuentes secundarias. Cabe mencionar que para su elaboración, las organizaciones de mujeres miembro de ENI tuvieron un rol fundamental: desde el año 2021 están realizando un monitoreo de políticas públicas para el sector campesino e indígena que generó datos significativos para el documento presentado.

Que es el EPU

A través del Examen Periódico Universal, el Consejo de Derechos Humanos revisa periódicamente el cumplimiento por parte de cada uno de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.

Para examinar a un Estado, el Consejo de Naciones Unidas se basa en:

  1. Un informe nacional preparado por el Estado bajo revisión.
  2. Una compilación de información de las Naciones Unidas sobre el Estado objeto de examen preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
  3. Un resumen de la información presentada por otras partes interesadas (incluidos los actores de la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones regionales), también preparado por el ACNUDH.

La revisión en sí tiene lugar en Ginebra en una sesión del Grupo de Trabajo sobre el EPU, que está compuesto por los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos. El examen adopta la forma de un diálogo interactivo entre el Estado objeto de examen y los Estados miembros y observadores del Consejo. Al final de cada revisión, el Grupo de Trabajo adopta un documento final, que posteriormente es considerado y adoptado por el Consejo de Derechos Humanos en una sesión posterior.

Argentina deberá presentar su informe nacional ante el Grupo de Trabajo del comité entre enero y febrero del 2023. ENI Argentina ha elaborado un informe técnico sobre la situación de los derechos humanos y el acceso a la tierra y los bienes naturales con foco en la  agricultura familiar, campesina e indígena. 

Tierra y Derechos Humanos

Según datos que arroja el informe, en Argentina solo el 13% de la tierra está en manos de agricultores familiares. Sin embargo, ellos producen más del 60% de los alimentos que circulan en el mercado interno. Mientras tanto, el 1% de las explotaciones agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país.

Estas inequidades de acceso a la tierra deben estar en el centro del debate sobre sistemas alimentarios sostenibles y derechos humanos. 

La alta concentración de la tierra,  el uso extractivista de la misma, la predominancia de los monocultivos y el uso de agrotóxicos para garantizar el modelo agroexportador generan graves impactos ecológicos, aumentan los conflictos y amenazas sobre los pequeños agricultores familiares (comunidades campesinas e indígenas), agudizando las desigualdades y poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria. Situaciones que atentan contra los derechos humanos y contradice pactos internacionales recientes como la Declaración de los Derechos Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (2018) que buscó poner un freno a los proceso de privatización, tanto de las tierras como de las semillas, e impulsar la soberanía alimentaria y reforma agraria para facilitar el acceso equitativo a la tierra y su función social, evitando la concentración.

Argentina es uno de los países de la región –junto con Brasil- más afectados por el acaparamiento de tierras: más del 5,23 % de las tierras de Argentina está en manos de extranjeros, lo que representa 14,7 millones de hectáreas. Es urgente anular el Decreto 829/2016  que va en contra de la Ley de Tierras.

Según los datos obtenidos por el Índice Global de la Gobernanza de la Tierra – LANDEX para Argentina, la deforestación ilegal persiste. Si bien con la Ley de Bosques Nativos se dio una baja progresiva en la tasa anual de la deforestación en Argentina, en 2018 el 50% de la pérdida de bosques nativos tuvo como principal causa prácticas ilegales debido a bajos niveles de control, fiscalización y sanciones insuficientes. Y al mismo tiempo, preocupa que en los últimos tres años el presupuesto nacional asignado  a la Ley de Bosques Nativos disminuyó significativamente.

Derechos civiles y políticos

Si bien el informe celebra el paso importante que ha dado Argentina al ratificar el Acuerdo de Escazú, alerta por la situación que varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron durante el Tercer Ciclo del EPU en relación al contexto de criminalización de la protesta social, casos de violaciones del debido proceso y detenciones arbitrarias como un tema sin saldar a la fecha. 

La criminalización, persecución y amenazas que sufren los y las defensoras de los derechos humanos y ambientales por garantizar el derecho a la tierra, el freno a los desmontes, los desalojos de comunidades campesinas e indígenas es una enorme preocupación.

El informe menciona casos concretos de persecución y amenazas de defensores ambientales como los de Lucía Ruiz, Carlos Guerra, Omar Cruz, Antonio Guerra, Yamila Belizán, Rubén Lassaga, Néstor Jerez y Ramona Orellano, entre otros.

Derechos de personas o grupos específicos

La Ley 26.160 sobre Emergencia de la Propiedad Comunitaria, aprobada en el 2006 y que declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” y suspende los desalojos mientras se releva la ocupación ancestral, tenía fecha de vencimiento en noviembre del 2021. Luego de un largo proceso de lucha que incluyó marchas, acampes y otras acciones de incidencia, se logró prorrogar el plazo hasta noviembre de 2025 mediante un DNU (Decreto de Necesidad y urgencia) 805/2021DECNU-2021-805-APN-PTE – Ley N° 26.160. Esta es la tercera prórroga desde su aprobación.  De todos modos, el informe deja claro  que este es un paraguas legal provisorio hasta que se apruebe la Ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y cuya aprobación en Diputados es un reclamo de ENI Argentina, las organizaciones que la componen y las comunidades campesinas e indígenas de todo el país.

Derechos económicos, sociales y culturales

En Argentina, 5,3 millones de personas no tienen acceso al agua potable dentro de su vivienda y cerca de un millón no lo tiene en el perímetro de su terreno (Censo Nacional 2010). Si se toma el total de la población, más del 13% de los y las argentinas no goza de acceso permanente a este recurso, especialmente en las provincias que integran la región del Gran Chaco (Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, entre otras), donde las cifras alcanzan un 41% de hogares sin agua. 

En las comunidades rurales aisladas, este problema implica grandes riesgos a la seguridad alimentaria de las familias debido a que las poblaciones dependen en su mayor medida de la producción familiar, cultivos, cría de animales, y el agua no es accesible para consumo humano ni para la producción. En estos lugares, el agua se paga hasta ocho veces más que en zonas urbanas y hay familias que tienen que caminar seis horas para conseguir agua de fuentes no seguras.

Derechos de grupos específicos

En la última presentación de Argentina ante CEDAW, se observaron en las recomendaciones de Naciones Unidas la incorporación específica del acceso a derechos de las Mujeres Rurales. Si bien Argentina ha dado pasos importantes con la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, las políticas nacionales están orientadas a las áreas urbanas y no se incorporan políticas específicas para mujeres rurales, indígenas y campesinas

Acceso al agua, a la salud, a la justicia, a la tierra, violencia de género y falta de conectividad son las problemáticas vitales que relevaron las organizaciones de mujeres miembro de ENI Argentina