Ocurrió en Santiago del Estero. Rubén Lassaga, cura en Opción por los Pobres del departamento de Pellegrini, contó que recibió un mensaje amenazándolo de muerte por defender el acceso a la tierra y los derechos posesorios de las comunidades de la zona frente a factores de poder del agronegocio.

Lo que sucedió en el departamento Pellegrini, provincia de Santiago del Estero, es de una gravedad inusitada: el cura en Opción por los Pobres, Rubén Lassaga, recibió un mensaje de WhatsApp intimidándolo y amenazándolo de muerte. ¿La razón? Ni más ni menos que su trabajo para la organización de las comunidades de la zona, la defensa de los territorios y el derecho al acceso a la tierra y los títulos posesorios para esas comunidades.

El mensaje llegó al teléfono celular de la secretaria de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, que conduce Lassaga. “A través de usted le queremos hacer llegar un mensaje al señor cura. Los caminos del monte de Pellegrini son largos y solitarios, y él siempre anda solo. Los caminos tienen sus trampas. Por favor que no se siga metiendo en lo que no le corresponde. La próxima vez no va a haber un mensaje de advertencia”, decía el mensaje.

La parroquia en la que trabaja Lassaga está en Nueva Esperanza, cabecera del departamento Pellegrini, que limita al norte con la provincia de Salta y al oeste con Tucumán. Hacia el este, a pocos kilómetros, está la frontera con la provincia del Chaco.

En comunicación con radios comunitarias de la Red Farco, Lassaga deslizó cuáles podrían ser las razones de la brutal amenaza. Contó que hace 18 años tiene en funcionamiento la Mesa Parroquial de Tierras: “Es un espacio donde familias y organizaciones campesinas nos encontramos para crecer en nuestros derechos: derechos posesorios, a la tierra, ambientales, a la producción, a la forma de vida campesina e indígena; para defender también esos territorios de los atropellos que sufrimos y sufren las comunidades por la expansión del agronegocio desde mediados de la década del 90”.

La Mesa de Tierras realiza actividades informativas, formativas, de defensa, de acercamiento a la justicia, de coordinación y de reclamo al Estado para que se haga presente y se ocupe de las necesidades de las comunidades campesinas e indígenas, como “caminos, agua, salud, educación, justicia y, sobre todo, la defensa de la forma de vida campesina e indígena”.

Lassaga agregó que “esta amenaza no es para mi persona solamente sino para todas las organizaciones”, y que “en Santiago del Estero hay mucha gente que vive amenazada y silenciada, que no puede decir lo que piensa y lo que pasa por todo un aparato de la burocracia estatal, de los privados y de las bandas armadas y de la persecución como en este caso, escondidos detrás de un mensaje de Whatsapp”.

El párroco ratificó su postura frente al avance impiadoso del agronegocio: “Ya no hay mucho monte y el poco que queda es porque las comunidades lo cuidan. El resto está convertido en un mar de soja, de maíz, de sorgo para el biodiesel, donde se siembra para producir dinero, no alimentos. Este conflicto de intereses es entre los pobres del mundo campesino e indígena y los poderosos”.

El Grupo de Curas en Opción por los Pobres publicó un comunicado en el que dice que Lassaga fue amenazado “por estar viviendo en medio de campesinos y comprometiéndose con su causa”. Pueden leer el comunicado completo del Grupo de Curas en Opción por los Pobres haciendo clic aquí.

Desde ENI Argentina vemos con suma preocupación cómo se repiten hechos de amenaza y violencia efectiva contra los defensores y las defensoras de la tierra en distintos puntos del país, como fue en este caso en Santiago del Estero contra el cura Rubén Lassaga, con quien nos solidarizamos al tiempo que le expresamos nuestro máximo apoyo y predisposición para denunciar estos hechos.

El presidente Alberto Fernández anunció la esperada y postergada reglamentación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, sancionada en 2014. Contará con un presupuesto inicial de 100 millones de dólares para su implementación.

Luego de transcurridos más de ocho años desde su sanción, el gobierno hizo oficial la reglamentación de la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. La presentación fue realizada por el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante la segunda reunión del Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal.

Este anuncio fue largamente esperado por  las y los campesinos, comunidades indígenas, agricultores familiares y organizaciones del sector junto a quienes desde hace años la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina viene reclamando la reglamentación.

“Una ley sin reglamentar es la nada misma, como tener un auto sin nafta. Es necesario que se reglamente para que lo que dice la ley se cumpla”, admitió el presidente, que estuvo acompañado por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez; el secretario de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, Miguel Ángel Gómez; el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico; y la referente del Movimiento Nacional Campesino e Indígena-Vía Campesina, Mercedes Taboada.

Fernández también anunció que se destinarán a la implementación de esta ley 100 millones de dólares de un préstamo del Banco Mundial. “Como la agricultura familiar está en manos de sectores débiles de la sociedad argentina, lo que tenemos que hacer es empoderarlos, ayudarlos a estar en condiciones de poder crecer”, lanzó el primer mandatario.

Durante la presentación, se destacó la necesidad de fortalecer al sector de la pequeña agricultura familiar, con especial énfasis en la agroecología, el arraigo territorial, la justicia de género y la importancia de apoyar aquellos que producen el alimento de todos los días.

Esta ley dispone la creación de un Banco de Tierras para el desarrollo de emprendimientos productos de la agricultura familiar, campesina e indígena (en adelante AFCI). Son tierras que estarán a disposición a partir de un relevamiento de tierras fiscales nacionales (también provinciales y municipales que se transfieran a la Nación para este fin) y surgidas de donaciones o tierras legadas por el Estado nacional.

“Con el banco de tierras vamos a trabajar para que quienes quieran producir alimentos tengan su tierra”, confió Miguel Ángel Gómez, secretario de Agricultura Familiar.

Durante la presentación también se habló del Consejo de Políticas Públicas coordinado por Jefatura de Gabinete, donde se va a convocar a todos los ministerios que tienen alguna vinculación con el sector de la AFCI para trabajar en conjunto.

La ‘confesión’ del ministro de Agricultura

Julián Domínguez sostuvo que cuando se sancionó la ley el plazo para reglamentarla era de tres años y expresó que “pasó mucho tiempo”. El funcionario, que tiene mucha sintonía con los sectores concentrados del agro, dijo que “esta ley viene a completar la visión del campo argentino” y sorprendió al considerar que “el otro campo se llevó todo puesto”.

“En estos 20 años, el campo argentino se llevó puestos los árboles, los colegios agropecuarios, los colegios rurales, se llevó puesto todo. Hay que reconocerlo, yo defiendo la producción argentina, lo que significa el campo para la argentina, pero a esto le falta la pata del modelo social”, sorprendió el ministro. Su discurso contradice algunas medidas que tomó el gobierno nacional en el último tiempo.

No todo es Rosa en  Casa de Gobierno

Pese a lo importante del anuncio, no podemos dejar de mencionar que se da a solo un mes de la liberación comercial en Argentina del primer trigo transgénico del mundo, el HB4 de Bioceres (proceso que demoró menos de dos años, entre la aprobación de Senasa en octubre 2020 y la posibilidad de comercializarlo en mayo de 2022). Un ‘avance tecnológico’ -como quieren presentarlo algunos- producto de una fuerte articulación entre el sector científico del país (CONICET) y el sector privado (empresa Bioceres) que aumenta exponencialmente los riesgos y daños al ambiente al mismo tiempo que concentra la riqueza mediante un nuevo impulso al modelo agroexportador.

Este nuevo trigo, resistente tanto a las sequías como al glufosinato de amonio, viene a poner en jaque los pocos ecosistemas secos tropicales y subtropicales para extender el monocultivo, pero también a las comunidades campesinas e indígenas que viven en estos territorios.

En este contexto ambivalente y naturalizado en la política argentina, los interrogantes que surgen son muchos y es necesario expresarlos para que el análisis de la realidad y el contexto de la AFCI no quede incompleto.

Es por esto que nos preguntamos si la reglamentación de la Ley 27.118 es capaz de garantizar y reparar derechos a las personas que viven de la tierra ante el innegable paso que se ha dado en reforzar el modelo extractivo agroexportador con el HB4 o es solo una política reactiva para frenar la conflictividad social. 

Como plataforma que aboga por la gobernanza de la tierra centrada en las personas, esperamos  que la reglamentación sea parte de un camino que realmente legitime y fortalezca a la pequeña agricultura familiar.

Nicolás Avellaneda.
Facilitador Coalición Nacional por la Tierra Argentina.

Los pasados 10 y 11 de diciembre se reunieron en Buenos Aires representantes de 36 organizaciones miembro de la Coalición Nacional para la Gobernanza de la Tierra – ENI Argentina. Entre ellas organizaciones campesinas, indígenas, de productores, organizaciones sociales, universidades e instituciones públicas.

Fueron dos días de trabajo intenso. La Asamblea Anual de ENI Argentina realizó un balance de las acciones de la coalición durante el año que pasó, se pensaron estratégias de cara al 2022 y, por sobre todas las cosas, se consolidó el espacio como una plataforma multiactoral colaborativa con el objetivo de fortalecer y garantizar el acceso a los derechos a la tierra y el territorio.

Durante el evento, se presentaron informes realizados durante el año como el Informe País sobre la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en el marco del Decenio de la Agricultura Familiar; las actualizaciones de los Mapeos ENI que grafican el alcance de las organizaciones que la conforman y su composición; una matriz de análisis de políticas públicas con perspectiva de género para el sector de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. También se compartió el resultado de una consultoría encargada por ENI que buscó relevar y analizar las distintas leyes y programas en materia de agricultura familiar que se emitieron entre el 2019 y el 2021.

Empezó la #AsambleaENI2021, el espacio donde nos encontramos todos los miembros de la plataforma.@nicoavellaneda9, facilitador de ENI, hace la presentación del evento y da la bienvenida a los y las participantes. pic.twitter.com/xZrB6vezdg

— ENI Argentina (@eni_argentina) December 10, 2021

Compromisos para el 2022

Las organizaciones miembro de ENI acordaron la creación de dos nuevas comisiones de trabajo: una de “Jóvenes” y otra de “Agricultura familiar, tierra y territorios”, que se suman a la dinámica consolidada por el Comité ENI Mujeres. De esta forma, se priorizaron temas y acciones concretas a abordar en cada una de estas comisiones, incorporando todos transversalidades como cambio climático, generación de indicadores y mapeos participativos, conectividad y comunicación, generación de informes alternativos y recomendaciones a las políticas públicas.

Alcance geográfico y poblacional

ENI Argentina nace en el 2018 con el impulso de los cuatro miembros de ILC en Argentina (Fundapaz, Fundación Plurales, Redes Chaco y Federación Agraria Argentina). En su inicio la iniciativa priorizó la región del Chaco Argentino, con representaciones en provincias como Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, Santa Fe, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco y Jujuy. Durante el 2021 se trabajó en ampliar esta escala regional a otras ecoregiones del país como la Puna, Sistema de Humedales, Cuyo y Patagonia. Con la Asamblea se incorporan nuevos miembros a la red que dan cuenta de este nuevo alcance, incorporando representantes de las provincias de Mendoza, San Juan, Neuquén, Entre Ríos y Misiones. 

En los mapeos realizados podemos observar que los miembros de la coalición están distribuidos en 14 provincias del país, con un alcance de 106 organizaciones de base (76 Organizaciones Campesinas, 14 Organizaciones Indígenas, 15 Organizaciones de Mujeres y una Organización de Jóvenes) que tienen como socios más de 20.000 familias y representan cerca de 95.000 personas que viven,  trabajan y defienden la tierra y sus bienes naturales. 

LANDEX – Índice Global de la Gobernanza de la Tierra

La gobernanza de la tierra centrada en las personas responde a las necesidades y protege los derechos de las mujeres, los hombres y las comunidades que viven en la tierra y desde ella, respetando que sean ellos quienes en última instancia tomen las decisiones sobre cómo se utilizan sus tierras y recursos naturales. LANDEX es una herramienta diseñada para constituirse en un índice que sirva para medir los avances en la gobernanza de la tierra y mejorar el impacto de nuestras acciones a nivel mundial, guiando nuestros esfuerzos individuales y colectivos. Desde ENI Argentina hemos empezado a implementar esta herramienta en Argentina, y durante la Asamblea se presentaron los primeros hallazgos, los cuales fueron validados por los miembros y se generaron instancias de debate para ampliar la información existente. A fines de febrero, publicaremos los resultados finales de Argentina, donde podremos identificar con datos certeros en qué medida se garantizan los derechos a la tierra en nuestro país.

¡Es urgente! Prórroga de ley de emergencia territorial indígena 26160, ley de propiedad comunitaria y reparación histórica.

La Asamblea de ENI Argentina en pleno acompañó el reclamo de las comunidades indígenas que acampan desde hace casi dos meses frente a la Casa Rosada. Cada uno de los y las participantes de la Asamblea estampó su firma en una declaración de apoyo a esta lucha. El cacique del pueblo ocloya y miembro de la Organización de Pueblos Indígenas del NOA (Opinoa), Néstor Jerez, se hizo presente en la asamblea y fue el encargado de llevar el documento firmado al acampe.

Pueden leer la declaración completa haciendo clic aquí.