ENI junto a otras organizaciones publicaron un documento que retrata el caso del litio en Jujuy como parte de una serie de estudios sobre los efectos del extractivismo en América Latina.

La problemática de la explotación de los recursos naturales es central en nuestro continente. La International Land Coalition (ILC) publicó una serie de documentos en los que se muestran los efectos del extractivismo en el cono sur. Desde Argentina realizamos un trabajo sobre el caso del litio en Jujuy, el cual resultó en el documento «Entre el norte y el sur global: saqueo de los bienes comunes y transición energética». La Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina participó de este trabajo junto al resto del equipo de ILC, Fundación Plurales, LandMatrix y la Plataforma de Defensores y Defensoras Ambientales.

El trabajo recoge datos y testimonios sobre uno de los puntos de explotación de litio en nuestro país, inserto en lo que se denomina «Triángulo del Litio», que involucra territorios de Argentina, Chile y Bolivia y que concentra el 65% de la reserva mundial de litio conocida. Argentina es el cuarto productor mundial de este recurso y, a diferencia de Bolivia y Chile, que lo consideran recurso estratégico y tienen reglamentaciones específicas para su control, no tiene un marco legal particular. La regulación del litio se comprende en el marco de la regulación para la minería en general.

El 8% de la producción globral de litio está concentrada en el salar de Olaroz-Cauchari, Jujuy. Allí se desataron fuertes conflicto con los pobladores de la puna altoandina debido a los constantes incumplimientos del requisito legal de hacer consultas libres, previas e informadas (CLPI) a las comunidades, que sufren los efectos del extractivismo, como la dificultad para acceder al agua.

Argentina se prepara para un gran salto productivo este año, ya que en 2023 produjo 54.000 toneladas y espera duplicar esa cantidad para 2024. La estimación es que la producción supere las 120.000 toneladas.

Las investigaciones concluyeron que la explotación del litio trae las siguientes consecuencias:

• Agotamiento de recursos hídricos. La extracción de litio a partir de salmuera implica la evaporación del agua de los cuerpos de agua subterráneos, lo que puede disminuir los niveles de este recurso en lagos y acuíferos; esto disminuye su disponibilidad para los ecosistemas y las comunidades locales.
• Contaminación química. Durante el proceso de extracción de salmuera, se utilizan químicos, como ácido sulfúrico y cloruro de sodio, que pueden filtrarse al medio ambiente y contaminar las aguas subterráneas y superficiales.
• Alteración de ecosistemas. La extracción de grandes volúmenes de salmuera puede alterar los ecosistemas acuáticos y terrestres, lo que afecta a las especies locales, como flamencos y otros animales acuáticos que dependen de los cuerpos de agua.

Con estos antecedentes se llegó a un 2023 donde los conflictos estallaron. El Decreto 5772 firmado por las autoridades provinciales en 2010 establecía las CPLI. Sin embargo, ese requisito no se cumplía y por eso la conflictividad creció, con cortes de ruta y otras protestas. El 11 de febrero de 2023 el gobierno jujeño, encabezado por Gerardo Morales, dictó el decreto 7751 que reglamenta la Ley General de Ambiente, y derogó el decreto 5772. La nueva norma solo menciona informes de impacto ambiental, dejando de lado las CPLI.

El 16 de junio del año pasado se aprobó a puertas cerradas una reforma a la Carta Magna de la provincia. El articulado incluye restricciones al ejercicio de la democracia, como el derecho al ambiente sano, la consulta a pueblos indígenas y penalización de la protesta social. La reforma pasa por arriba de la Constitución Nacional y acuerdos internacionales firmados por nuestro país como el Acuerdo de Escazú.

Las protestas contra la reforma generaron hechos de violencia extrema por la represión dispuesta por el gobierno jujeño, además de notificaciones a centenares de personas de multas por actas contravencionales, procesos penales y presentación de pruebas por parte del Estado de material surgido de acciones de inteligencia policial y espionaje a las organizaciones sindicales, sociales y de los pueblos originarios.

Las situaciones de inseguridad de las y los defensores del territorio que levantan su voz para reclamar los derechos son una constante. El agudo crecimiento de la demanda de litio y las insuficientes políticas de cuidado de los bienes naturales y de los derechos por parte del Estado se convierten en una amenaza a los territorios que va en aumento.

El contexto social, político y económico, regional, nacional y local de los territorios es alarmante y violento, no solo por los graves efectos del cambio climático, sino por el avance permanente de las industrias extractivas, la implementación de políticas neoliberales, la presión de grupos conservadores y antiderechos como parte de un modelo de desarrollo económico hegemónico, capitalista, patriarcal y colonialista.

El documento se puede descargar haciendo clic aquí.

En el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina, compartimos el pronunciamiento de la Coalición Nacional por la Tierra.

Desde la Coalición Nacional por la Tierra Argentina, plataforma que nuclea a más de 40 organizaciones del sector campesino, indígena y del ámbito rural, creemos importante manifestarnos respecto al marcado proceso de deterioro de las políticas dirigidas al sector de la agricultura familiar, campesina e indígena desde los últimos años, que
se profundizó en los últimos tiempos.

Esta situación impacta negativamente en las comunidades rurales e indígenas de nuestro país, así como en la ciudadanía argentina en su conjunto, impacto que dejará secuelas graves a la seguridad y soberanía alimentaria del país. Al momento, el incumplimiento de lo previsto en la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar n° 27118, desfinancia a un sector ya muy castigado, pese a que es crucial para el desarrollo económico nacional.

Cabe señalar que dicha ley fue conseguida tras muchos años de reclamos y luchas por parte de incontables organizaciones, movimientos y comunidades rurales del país, muchas de ellas miembros de la CNT. Pese a su necesidad y relevancia, su reglamentación fue postergada por años por los distintos gobiernos; hubo un tibio avance en 2023 y actualmente se volvió a retroceder en sus alcances.

Para nosotros, la Agricultura familiar es un sector productivo estratégico de nuestro país, pues garantiza el abastecimiento de alimentos, el desarrollo de las economías regionales y el arraigo rural. En la Argentina, el 75% de los productores son agricultores familiares (Fuente: Orsini, FCE, UNER 2019), es decir, son más de 2 millones de personas distribuidas en más de 250.000 establecimientos productivos, que son responsables del 25% de la producción total del país y del trabajo del 19% del área cultivable. Es la principal fuente de producción de alimentos sanos que se consumen en todos los mercados de cercanía de nuestro país. Es decir que la agricultura familiar es el campo que alimenta, brinda productos de calidad y alimentos accesibles para el propio consumo de las familias rurales e incluso para la sociedad en general. Las comunidades y familias, indígenas y campesinas son los guardianes de la tierra, el agua, los territorios y los bienes naturales de nuestro país y son quiénes actualmente realizan prácticas productivas amigables con el medio ambiente, tendientes a la mitigación de los efectos del cambio
climático.

Por eso, consideramos peligroso que se avance con el cierre, desfinanciación o desjerarquización de los organismos para el sector rural como INAFCI, INTA, SENASA, PROHUERTA sin el análisis adecuado. Todo lo referido a este sector, debe depender de la secretaría de Agrobioindustria, por ser su ámbito natural, y las decisiones que se tomen deben considerar a todos los actores involucrados.

En este marco solicitamos:

La definición de una POLÍTICA ESPECÍFICA Y EFECTIVA para el sector y cumplimiento y reglamentación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar y de la Ley 26.737, Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.

Un funcionamiento efectivo y presupuestos acordes para las instituciones para el sector, capaces de atender las necesidades de estos grupos, en el ámbito de la Secretaría de Agroindustria, así como también el reconocimiento, continuidad y mejora de las políticas existentes que permitan prosperar a aquellos que viven de la tierra.

Fortalecer los equipos técnicos del Estado para el sector rural, ya que desde las comunidades se reconoce el aporte fundamental de la asesoría técnica para el trabajo en los territorios.

Requerimos también la continuidad del trabajo del Consejo Federal de Agricultura Familiar, pues asegura la participación de las comunidades en la toma de decisiones y de su efectiva articulación con la comunidad y la sociedad civil. Es además un espacio de
relacionamiento regional, en el ámbito de la REAF MERCOSUR, importante para pensar estrategias más amplias.

Nos ponemos a disposición para reunirnos con las autoridades, para expresar estas preocupaciones y encontrar soluciones posibles que fortalezcan al sector rural en nuestro país.

Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina

En el marco de los 40 años de Democracia Argentina y por la vigencia de los Derechos Humanos.

En la actual coyuntura política electoral que atraviesa en estos momentos el país de cara a las próximas elecciones presidenciales que define el rumbo de los próximos cuatro años, les integrantes de las organizaciones que conformamos la Coalición Nacional por la Tierra, expresamos el siguiente comunicado:

Reafirmamos resguardar y defender los Derechos Humanos, los principios del Buen Vivir, para garantizar la posesión ancestral y tradicional de la tierra y el territorio, el acceso al agua, la salud y la educación pública, la diversidad de identidades, la producción agroecológica y la protección de los ecosistemas. Los derechos que en estas últimas décadas alcanzaron las mujeres y las familias rurales, como también las acciones a favor de la justicia climática en un contexto de crisis ambiental y avance del extractivismo.

En el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida, tenemos conciencia que las políticas públicas para el sector de la agricultura familiar, campesina, indígena, de la pesca artesanal y las juventudes necesitan ser profundizadas y nunca más
ignoradas.

• Que la Ley Nacional de reparación histórica 27.118 debe definir un presupuesto Anual.
• Que la aplicación de la Ley 26.160 de relevamiento territorial y freno a los desalojos de las comunidades indígenas preexistentes necesita su aprobación con presupuesto, en el Congreso de la Nación.
• Que se instrumente una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, como reconocimiento para los Pueblos Originarios.
• Que la Ley 26.331 de Protección de Bosques Nativos llegue a todos los territorios.

En este espacio de diálogo y construcción de consensos para la incidencia política desde los territorios, seguiremos siendo constantes, con la firmeza de siempre para favorecer la construcción colectiva de un Estado Soberano y Plurinacional.

Las Organizaciones de la Plataforma ENI
Asamblea Anual – 8, 9 y 10 de noviembre de 2023
Río Ceballos – Provincia de Córdoba – Argentina.