En el marco de los 40 años de Democracia Argentina y por la vigencia de los Derechos Humanos.

En la actual coyuntura política electoral que atraviesa en estos momentos el país de cara a las próximas elecciones presidenciales que define el rumbo de los próximos cuatro años, les integrantes de las organizaciones que conformamos la Coalición Nacional por la Tierra, expresamos el siguiente comunicado:

Reafirmamos resguardar y defender los Derechos Humanos, los principios del Buen Vivir, para garantizar la posesión ancestral y tradicional de la tierra y el territorio, el acceso al agua, la salud y la educación pública, la diversidad de identidades, la producción agroecológica y la protección de los ecosistemas. Los derechos que en estas últimas décadas alcanzaron las mujeres y las familias rurales, como también las acciones a favor de la justicia climática en un contexto de crisis ambiental y avance del extractivismo.

En el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida, tenemos conciencia que las políticas públicas para el sector de la agricultura familiar, campesina, indígena, de la pesca artesanal y las juventudes necesitan ser profundizadas y nunca más
ignoradas.

• Que la Ley Nacional de reparación histórica 27.118 debe definir un presupuesto Anual.
• Que la aplicación de la Ley 26.160 de relevamiento territorial y freno a los desalojos de las comunidades indígenas preexistentes necesita su aprobación con presupuesto, en el Congreso de la Nación.
• Que se instrumente una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, como reconocimiento para los Pueblos Originarios.
• Que la Ley 26.331 de Protección de Bosques Nativos llegue a todos los territorios.

En este espacio de diálogo y construcción de consensos para la incidencia política desde los territorios, seguiremos siendo constantes, con la firmeza de siempre para favorecer la construcción colectiva de un Estado Soberano y Plurinacional.

Las Organizaciones de la Plataforma ENI
Asamblea Anual – 8, 9 y 10 de noviembre de 2023
Río Ceballos – Provincia de Córdoba – Argentina.

Representantes de 400 comunidades se instalaron frente al Palacio de Tribunales con varias exigencias. La principal es que la Corte Suprema declare inconstitucional la reforma provincial de Jujuy. Los ministros del máximo tribunal los iban a recibir pero finalmente desistieron y apenas aceptaron la entrega de un petitorio.

Luego de una reforma constitucional hecha prácticamente con la luz apagada y las sucesivas represiones y persecuciones, el Tercer Malón de la Paz puso proa hacia Buenos Aires, destino que alcanzó el 1° de agosto luego de atravesar Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe.

El Tercer Malón de la Paz representa a 400 comunidades de los pueblos collas, atacamas, ocloyas y guaraníes. Recorrieron 1875 kilómetros en una semana.

Un trajín impactante para manifestarse frente al Congreso, en el Obelisco y finalmente instalarse frente al Palacio de Tribunales. El objetivo era ser recibidos por los ministros de la Corte Suprema, que habían aceptado reunirse con una delegación del Malón, pero finalmente desistieron, en un nuevo gesto de maltrato a los pueblos indígenas por parte de las instituciones.

Lo que piden las comunidades tiene ejes claros:

• Exigir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma constitucional de la provincia de Jujuy.
• Instrumentación de la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena por parte del Congreso de la Nación.
• Pedir la intervención federal de la provincia de Jujuy teniendo en cuenta la gravísima situación político-institucional que allí existe.
• Cese de la represión, hostigamiento, detenciones, penalización, criminalización e imputaciones hacia dirigentes y autoridades indígenas de la provincia de Jujuy.

El cacique del pueblo ocloya, Néstor Jérez, fue el único que pudo entrar al edificio y fue apenas para entregarle un petitorio al secretario de la Corte Suprema. «Se ponen en la mesa dos modelos totalmente opuestos: uno es el modelo capitalista que viene por todo, de ambición, avaricia, colonización y exterminio; el otro modelo es el de los pueblos milenarios basado en el buen vivir, convivir en armonía y equilibrio con los bienes naturales, con la plena conciencia de que esos elementos son la garantía de vida de las futuras generaciones», manifesto Jérez.

Mientras tanto, en el Congreso nacional, otro grupo de representantes del Tercer Malón participó de la presentación de un proyecto que dispone la creación de la «Comisión investigadora bicameral sobre la reforma constitucional y la violencia institucional» y de la «Comisión sobre pueblos indígenas».

«Arriba los derechos, abajo la reforma. El territorio no se negocia, es parte de nuestra identidad, es nuestra vida». El grito de Jérez se replica en las gargantas de todos los que marcharon a Buenos Aires y de quienes sostienen hasta hoy los cortes en la provincia de Jujuy para mantener viva la llama del reclamo.

Herencia de más de casi ocho décadas

El Tercer Malón de la Paz es heredero de luchas anteriores de las comunidades. En mayo de 1946 salieron desde Abra Pampa 174 representantes de las comunidades que pasaron por San Salvador, Orán, Iruya, Salta, Tucumán, Córdoba, Rosario y finalmente llegaron a Buenos Aires para exigirle al presidente Juan Domingo Perón la restitución de sus tierras.

El mandatario los recibió, los alojó en el Hotel de los Inmigrantes y terminó forzándolos con los organismos de seguridad a tomar un tren de vuelta al norte.

Esa manifestación, de carácter histórico, quedó nombrada para la posteridad como el Malón de la Paz.

En agosto de 2006, representantes de 120 comunidades jujeñas fueron hacia Purmamarca para reclamarle al gobernador Eduardo Fellner que se cumpla un fallo judicial que disponía la entrega de 15 mil km2 de territorio a los pueblos indígenas. Fue el Segundo Malón de la Paz.

En 2023, en medio de brutales represiones y con métodos de persecución que recuerdan a los tiempos más oscuros de la historia argentina por parte del gobierno provincial y con la complicidad del resto del establishment político de la provincia, las comunidades responden con el Tercer Malón de la Paz y esta larga marcha hacia Buenos Aires para que el resto del país pose su mirada sobre lo que sucede en Jujuy.

Jérez lo resumió así: «Somos continuadores de la lucha iniciada por nuestros mayores, hijos de la pachamama y raíces de esos montes que han sido cortados hace mas de 500 años por los colonizadores. En esta reforma de Jujuy el genocidio continúa, es una reforma para avanzar con el exterminio, para volver a la esclavitud y favorecer al poder económico concentrado, avanzar en el saqueo, en el despojo y el extractivismo, el desequilibrio y daño irreversible a la madre tierra».

Buenos Aires, 14 de julio de 2023

A la Sra. Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación Del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación

Cecilia Nicolini

Ref. Solicitud urgente de vigencia del Acuerdo de Escazú

Las organizaciones defensoras de derechos abajo firmantes nos dirigimos a Ud. a fin de hacerle llegar información actualizada sobre la reiterada violación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado provincial de Jujuy en el marco del proceso de reforma constitucional de la Provincia de Jujuy, y a través de múltiples acciones intimidatorias, represivas y de criminalización hacia quienes se manifiesten públicamente en defensa de sus derechos. Por medio de la presente, le solicitamos como autoridad de aplicación del Acuerdo de Escazú arbitre los medios necesarios para garantizar su vigencia en el territorio provincial, en especial se aseguren los derechos de las personas defensoras del ambiente.

Como fuese señalado por nota a su persona el día 19 de junio de 2023, el gobierno de la provincia de Jujuy impuso un proceso de reforma con problemas de legalidad e ilegitimidad, y un marcado retroceso en materia de derechos humanos. Como hemos señalado en dicha nota, el proceso evidenció una falta de voluntad de promover la participación de los distintos sectores de la sociedad, caracterizándose por su falta de transparencia y participación, incumpliendo con la participación real, efectiva y temprana del público en general como establece el aprobado Acuerdo de Escazú en materia ambiental.

Cabe mencionar que desde su inicio las protestas han tenido una fuerte impronta ambiental y muchos de quienes protestan son defensores de derechos ambientales. En esta línea, uno de los principales reclamos es que el nuevo texto constitucional genera condiciones más favorables al avance de las industrias extractivas, y en particular la explotación de litio, sobre los territorios de las comunidades indígenas. Las comunidades denuncian de manera reiterada que estas industrias avanzan sin cumplir con la consulta libre, previa e informada, y que tienen un impacto negativo sobre sus territorios, en particular en relación a la disponibilidad de agua.

Las organizaciones abajo firmantes nos vemos en el deber ético y moral de enviarle esta segunda solicitud urgente de vigencia del Acuerdo de Escazú, frente a los reiterados hechos de intimidación, violencia y criminalización de los defensores en la provincia de Jujuy.

Hasta la fecha, son más de 40 las órdenes de detención, allanamiento y secuestro. Sumado a ello, se ha reportado el inicio de causas penales contra más de un centenar de manifestantes así como de causas contravencionales contra ellos, que implican la imposición de elevadas multas. Además, se están denunciando múltiples violaciones de los derechos humanos. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido a Argentina que respete las normas provinciales sobre el uso de la fuerza.

Estas acciones se han llevado adelante hacia personas defensoras de derechos, incluyendo manifestantes y referentes sociales y de comunidades indígenas, entre otros. Parte de dichas acusaciones se dieron bajo las figuras de sedición y privación ilegítima de la libertad, cuya gravedad busca asegurar la detención de los defensores. Se suman además, los reiterados reclamos por detenciones sin orden judicial, por desconocer el paradero de las personas detenidas, y por el uso excesivo de la fuerza, el cual derivó en múltiples personas heridas.

No solo no se asegura que las personas defensoras ambientales tengan un espacio adecuado para el ejercicio de sus derechos ni la debida protección, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú, sino que las manifestaciones públicas de comunidades y pueblos indígenas, movimientos sociales, sindicales y políticos de esa provincia, continúan y sufren graves hechos de represión por la policía provincial con un saldo significativo de detenidos y heridos.

Asimismo, el derecho de acceso a la justicia para personas defensoras de derechos se ha visto vulnerado sistemáticamente. Se ha denunciado que las órdenes de allanamiento y detención hacia manifestantes y referentes se dio de manera arbitraria, sin fundamentos claros y, como fue previamente dicho, bajo acusaciones desproporcionadas como la de sedición. En Humahuaca la fiscalía ha solicitado condenas de hasta 25 años de prisión para las personas detenidas y embargos por más de 2 millones de pesos. A esto se suman los pedidos de prisión preventiva bajo supuestos peligros de fuga, aunque sin fundamento alguno.

El día 13 de julio de 2023 se dio a conocer que se librarían órdenes de detención para personas defensoras de derechos, que en el ejercicio de la abogacía han defendido a manifestantes y referentes sociales e indígenas, y se han expresado en contra de la reforma constitucional. Dichas órdenes se dan bajo la acusación de sedición.

Este hecho de criminalización de defensores constituye una escalada represiva de extrema gravedad en tanto no sólo impide a los defensores ambientales actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad, tal como establece el Acuerdo de Escazú, sino que además obstaculiza el derecho de defensa de las otras personas detenidas y criminalizadas.

Desde el inicio del proceso de reforma constitucional hasta la fecha, la provincia de Jujuy violó los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia, a lo que se suman hechos de violencia policial, intimidación y criminalización de personas defensoras. Por todo ello, reiteramos nuestra solicitud de que arbitre los medios necesarios para asegurar la vigencia de la seguridad de las personas, los derechos de las personas defensoras del ambiente, y los restantes derechos emanados del Acuerdo de Escazú.

Sin más, quedando a la espera de su pronto involucramiento, la saludamos atentamente,

Alianza por el Clima ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales) / Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial) / ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) / CAUCE / CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) / Coalición Nacional por la Tierra Argentina / Consciente colectivo Eco House ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) / FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) / Fundación Plurales / FUNDEPS / SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia) / Sustentabilidad Sin Fronteras / Taller Ecologista