La CNT llevó el caso de Jujuy al evento paralelo sobre transición energética y derechos territoriales
Beatriz Débora Sajama y Germán David dieron testimonio de lo que sucede en Jujuy con el litio y lo que sufren las comunidades indígenas y los defensores y defensoras de la tierra. Fue durante un encuentro que se dio en paralelo a la Semana del Clima en NY y de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El 21 de septiembre se llevó a cabo “Energía Verde y Violencia contra Defensores” (Green Energy and Violence Against Defenders, en inglés), un evento paralelo a la Semana del Clima en Nueva York y la Asamblea General de la ONU. Se centró en poner sobre la mesa de debate los riesgos que implica la transición a la energía limpia para los indígenas y defensores y defensoras de los derechos humanos, territoriales y ambientales.
La actividad fue organizada por Land Coalition (ILC) con varios aliados (ALLIED, IPRI, Global witness, BHRRC, IWGIA).
“Estos riesgos surgen de diversos factores asociados con el desarrollo y despliegue de medidas de mitigación del cambio climático, como proyectos de energía renovable y minería de minerales de transición, así como de las dinámicas políticas y económicas, a menudo complejas, que rodean estas iniciativas”, indica la descripción del evento.
El planteo central del evento es que la transición a una economía baja en carbono crea “nuevas dependencias y puntos de tensión para los que ya presentan los combustibles fósiles”. Con los minerales para las nuevas energías, en especial con el litio, se disparan los casos de apropiaciones de tierras, destrucción de hábitats y contaminación que alimentan disputas sobre la propiedad de la tierra e impulsan los desalojos de comunidades y la destrucción de sus medios de vida sostenibles, especialmente los de los pueblos indígenas.
Por eso, desde la ENI-CNT Argentina (Coalición Nacional por la Tierra), aportamos el caso de Jujuy con el peso de la explotación de litio en esa provincia con un video en el que dieron testimonios dos miembros de la CNT.
Beatriz Débora Sajama, defensora ambiental y de los derechos de las mujeres de Jujuy, del Grupo «Mujeres Defensoras del Hábitat Natural de Vizcarra, Casa Grande y Portillo» de la puna Jujeña y de la Red de Mujeres Defensoras Ambientales, dijo: “Continuamos expuestos a la contaminación, a las enfermedades que producen cáncer, leucemia y muerte. La política para las comunidades indígenas es el despojo, la represión, el saqueo, las amenazas, la discriminación, el armado de causas a los pobladores que solo por defender el territorio y los recursos naturales, el agua y la vida están siendo totalmente maltratados”.
Por su parte, Germán David, Mburuvicha Guasu de la Comunidad Cerro Colorado del Pueblo Guaraní, miembro de la APG (Asamblea del Pueblo Guaraní) de Jujuy y miembro del Comité de Tierra de la CNT – ENI Argentina, articulador de Opinoa y de la coordinadora indígena de redes Chaco, sostuvo: “Los líderes y lideresas indígenas sufrimos constanemente ser centro de violencia, amenazas, hostigaciones, asesinatos, al manifestar nuestra defensa por el medio ambiente. Nos arman causas penales o judiciales, criminalizan la protesta en defensa de la de la madre tierra, del medio ambiente, vulnerando derechos humanos y derechos como pueblos indígenas”.
En ese sentido, hizo un llamamiento a las organizaciones de la sociedad civil y a los estados del mundo a “profundizar los lazos de integración para lograr una unidad e implementar un nuevo modelo de economía basado en el equilibrio y armonía con nuestra madre tierra”.
El video de la CNT fue exhibido durante el panel sobre experiencias locales.
Datos que duelen
El año pasado, Global Witness documentó el asesinato de 227 defensores de la tierra y el medio ambiente, más de un tercio de los cuales estaban dirigidos contra pueblos indígenas. En otro estudio, ALLIED estimó que en cinco países, por cada asesinato, también se documentaron casi cuatro ataques no letales contra indígenas y defensores y defensoras de la tierra, el ambiente y los derechos humanos. De estos ataques no letales, el 83% fueron perpetrados contra pueblos indígenas, miembros de comunidades y líderes.
Entre 2010 y 2022, el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos ha documentado 510 denuncias globales de abusos de derechos humanos relacionados con los minerales de transición.
