La Cámara de Diputados selló por amplia mayoría la adhesión de nuestro país al acuerdo de Escazú. Se trata de un compromiso multinacional para garantizar el acceso a la información en temas ambientales.

La Cámara de Diputados de la Nación ratificó la adhesión de nuestro país al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como acuerdo de Escazú.

La iniciativa contó con 240 votos positivos, 4 negativos y 2 abstenciones. De esta manera, nuestro país se pone a la vanguardia de la lucha por el acceso a la información cuando se trata de cuestiones ambientales, junto con los otros nueve países del continente que ya habían ratificado su apoyo al acuerdo.

El diputado Máximo Kirchner dijo que la ratificación del acuerdo de Escazú sirve para «dar la pelea ante aquellos que no quieren que transformemos la realidad», al tiempo que Hernán Pérez Araujo graficó la importancia de avanzar en la dirección que plantea el acuerdo: «Hablar de justicia social sin hablar de justicia ambiental va a ser una gran paradoja». La diputada radical Karina Banfi señaló que «necesitamos un marco normativo para que se pueda aplicar el tratado a nivel nacional y en todas las provincias, una nueva política ambiental».

Para que el acuerdo entre en vigor hace falta que 11 países reafirmen su compromiso. La aprobación en Argentina pone al proyecto al borde de conseguir luz verde en el continente. Hasta ahora, ya se había ratificado la aprobación en: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

En los últimos días, el gobierno de Chile sorprendió al adelantar que no va a adherir, luego de ser uno de los primeros impulsores del acuerdo. De hecho, el país trasandino presidió la adopción del convenio junto a Costa Rica en la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en 2018.

Escazú es el primer acuerdo vinculante a nivel mundial sobre derechos humanos y ambiente que establece claras garantías para la protección de personas defensoras de derechos humanos en temas ambientales, sumamente relevante en el caso de América Latina y el Caribe que es considerada la región con mayores índices de peligrosidad para estos grupos, según afirma Global Witness (2018).