Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano dieron dictamen por unanimidad al proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, más conocido como “Acuerdo de Escazú”. Se trata del primer acuerdo regional a nivel mundial que establece garantías sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
«Este acuerdo fue trabajado con participación de la ciudadanía. Los temas ambientales ya no solo son de los países, sino que son integrados con la sociedad. Por eso, el acuerdo tiene la mirada de unificar el ambiente con los Derechos Humanos», señaló en la comisión conjunta Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Por su parte, el diputado Eduardo Valdés calificó como «un orgullo» la presentación del acuerdo Escazú y dijo que nuestro país, en caso de aprobar este proyecto, «está recogiendo la bandera levantada hoy por miles de jóvenes que reclaman mayores niveles de compromiso de los gobiernos con la transparencia ambiental». «Este acuerdo es una nueva herramienta estratégica más que necesaria para la región y para nuestro país, con un claro compromiso con el cuidado del ambiente y de nuestros bienes comunes», manifestó el diputado Maximiliano Ferraro.
La votación en el Senado
El 13 de agosto de este año, con 70 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, el Senado de la Nación había dado media sanción al proyecto de ratificación del acuerdo.
Una vez conocido el resultado de la votación en la Cámara alta, se solicitó que: “Atento a que el tratado de Escazú es materia de Derechos Humanos y obtuvo una mayoría superior a los 2/3 del total de este cuerpo, pido que expresamente se haga constar esta circunstancia para que, en caso de que se repita en Diputados, (el Acuerdo) adquiera jerarquía constitucional”.
Argentina, el décimo
Para que el Acuerdo entre en vigor, es necesaria la ratificación de un total de 11 países. Con la media sanción del Senado y el dictamen por unanimidad de las comisiones de Diputados, Argentina queda al borde de convertirse en el número 10.
Escazú es el primer acuerdo vinculante a nivel mundial sobre derechos humanos y ambiente que establece claras garantías para la protección de personas defensoras de derechos humanos en temas ambientales, sumamente relevante en el caso de América Latina y el Caribe que es considerada la región con mayores índices de peligrosidad para estos grupos, según afirma Global Witness (2018).
Tal como indicó la FARN junto con otras organizaciones, Argentina tiene la responsabilidad de instalar la ratificación del Acuerdo de Escazú a la cabeza de la agenda ambiental, en un momento histórico en el que han quedado de manifiesto los efectos de la crisis climática, ecológica y social. Asimismo, remarcamos que Argentina cuenta con una gran oportunidad para liderar el movimiento de naciones que promuevan y fortalezcan la protección de los derechos de acceso a nivel internacional. Por tanto, esperamos que el trámite legislativo se complete con la celeridad que la cuestión amerita.
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