La comunidad Territorios Originarios Wichi se ubica en Tartagal, al norte de la provincia de Salta, específicamente a 3 kilómetros hacia el interior de la ruta nacional 86, a la altura del kilómetro 6. El desmonte en la zona se inicia en la década de los 90 con las políticas que impulsaron la expansión de la frontera agropecuaria.

La comunidad Territorios Originarios Wichi, desde 2017 comenzaron a sufrir un intenso proceso de tala y depredación del monte, estando en la actualidad al borde de ser cercados por emprendimientos sojeros y/o madereros. Desde ese momento, la comunidad dio inicio a un proceso de resistencia, mediante diferentes acciones, tanto jurídicas como comunicacionales, con el acompañamiento de la organización de mujeres indígenas ARETEDE y Radio Comunitaria La Voz Indígena. 

Han presentado denuncias a la policía en diferentes ocasiones desde 2017, llegando en 2018 a presentar una denuncia incluso en la Fiscalía Penal. Ese mismo año se solicitó la intervención de la Secretaría de Ambiente, la cual constató la tala a través de una visita y la elaboración de un acta donde consta la tala de nativas. 

El 10 de marzo de 2021, técnicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hicieron entrega de la carpeta técnica territorial, mediante la resolución 2019/58, que reconoce 593 hectáreas de posesión comunitaria correspondiente al uso tradicional, actual y publico del territorio. La mencionada resolución resuelta por el INAI, establece que “se reconoce la ubicación actual, tradicional y pública, de la comunidad Territorios Originarios Wichi, perteneciente al pueblo Wichi, ubicada en el departamento San Martín, provincia de Salta, respecto de la superficie georeferenciada”. Como consecuencia de la intensa resistencia de la comunidad y del acompañamiento brindado por la organización ARETEDE y el equipo de apoyo técnico de dicho colectivo, se inició un proceso de litigio judicial contra el desmonte, el cual el 30 de diciembre de 2019 arrojó su primer resultado positivo: la medida cautelar de prohibición de innovar. Esta medida tomada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Tartagal, establece “hacer lugar a la medida cautelar, y, en consecuencia, ordenar, previa caución personal, la prohibición de innovar, debiendo los demandados y/o a quienes estuvieran realizando los actos turbatorios, suspender la ejecución de los mismos, y de todas aquellas actividades, acciones que alteren o modifiquen la situación de hecho en el territorio”.Asimismo, se deja sentado que los actos turbatorios denunciados consisten en la “tala del bosque nativo, colocación de alambrado, ingreso de ganado vacuno”. 

Los desmontes no paran y tampoco las amenazas

A pesar de todas estas medidas y denuncias realizadas, la situación en el monte no ha mejorado. En el año 2020, una comunidad que se asienta en las 593 hectáreas reconocidas se vio amenazada por una empresa sojera, la cual busca instalarse en el mismo territorio. Este año, la comunidad Territorios Originarios se enfrenta nuevamente a la tala del monte y al ingreso de camiones que se llevan gran cantidad de especies consideradas invaluables para la comunidad, puesto que los árboles, animales y demás componentes del monte, son para ellos integrantes de sus vidas como comunidad wichi. Es decir, que no son un ente inanimado, todo lo contrario, son seres con los que comparten la vida y que tienen una existencia más allá de la separación entre naturaleza/cultura. 

Debido a la resistencia que la comunidad y el equipo de acompañamiento oponen a la depredación del monte, tanto los integrantes de la comunidad como una compañera antropóloga han sido amenazados por diferentes personas cercanas a los emprendimientos madereros y sojeros. Estos hechos han sido denunciados también ante la policía. 

La tala indiscriminada genera graves perjuicios a la comunidad, entre ellos:

• Impacto directo sobre la producción comunitaria y actividades tradicionales. 
• Peligra el valor cultural y simbólico de los alimentos del monte, como la medicina tradicional del pueblo Wichi.
• La presencia del monte resulta fundamental para la producción de oxígeno en zona de alta producción de monocultivos, así como para impedir los movimientos de suelos y las inundaciones que se verifican cada vez con más intensidad en la ruta 86. 
• Violación cultural, espiritual y a la segurida de las comunidades al ver que extraños habían ingresado a sus tierras con motosierras, tractores y camiones, a destruir sus árboles, arbustos, campos de cultivo, modificando definitivamente el paisaje natural y tradicional en los que sus ellos y sus abuelos crecieron y se desarrollaron de acuerdo a sus propias pautas culturales. 
• Ancianos, niños y niñas, jóvenes y adultos de la comunidad sufrieron los efectos del accionar ilícito, que se tradujo en angustias, tristeza, impotencia, y sentimientos de humillación y avasallamiento de su cultura.

Necesitamos que el Estado se haga presente, que se frenen definitivamente los desmontes, la violación de la medida cautelar, el avasallamiento del territorio indígenas y las amenazas por defender el territorio. 

Fuente de información: FM Comunitaria La Voz Indígena – ARETEDE 

Imágenes utilizadas gentileza 3Roots/ Martin Kraft/François Toussaint