ENI junto a otras organizaciones publicaron un documento que retrata el caso del litio en Jujuy como parte de una serie de estudios sobre los efectos del extractivismo en América Latina.

La problemática de la explotación de los recursos naturales es central en nuestro continente. La International Land Coalition (ILC) publicó una serie de documentos en los que se muestran los efectos del extractivismo en el cono sur. Desde Argentina realizamos un trabajo sobre el caso del litio en Jujuy, el cual resultó en el documento «Entre el norte y el sur global: saqueo de los bienes comunes y transición energética». La Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina participó de este trabajo junto al resto del equipo de ILC, Fundación Plurales, LandMatrix y la Plataforma de Defensores y Defensoras Ambientales.

El trabajo recoge datos y testimonios sobre uno de los puntos de explotación de litio en nuestro país, inserto en lo que se denomina «Triángulo del Litio», que involucra territorios de Argentina, Chile y Bolivia y que concentra el 65% de la reserva mundial de litio conocida. Argentina es el cuarto productor mundial de este recurso y, a diferencia de Bolivia y Chile, que lo consideran recurso estratégico y tienen reglamentaciones específicas para su control, no tiene un marco legal particular. La regulación del litio se comprende en el marco de la regulación para la minería en general.

El 8% de la producción globral de litio está concentrada en el salar de Olaroz-Cauchari, Jujuy. Allí se desataron fuertes conflicto con los pobladores de la puna altoandina debido a los constantes incumplimientos del requisito legal de hacer consultas libres, previas e informadas (CLPI) a las comunidades, que sufren los efectos del extractivismo, como la dificultad para acceder al agua.

Argentina se prepara para un gran salto productivo este año, ya que en 2023 produjo 54.000 toneladas y espera duplicar esa cantidad para 2024. La estimación es que la producción supere las 120.000 toneladas.

Las investigaciones concluyeron que la explotación del litio trae las siguientes consecuencias:

• Agotamiento de recursos hídricos. La extracción de litio a partir de salmuera implica la evaporación del agua de los cuerpos de agua subterráneos, lo que puede disminuir los niveles de este recurso en lagos y acuíferos; esto disminuye su disponibilidad para los ecosistemas y las comunidades locales.
• Contaminación química. Durante el proceso de extracción de salmuera, se utilizan químicos, como ácido sulfúrico y cloruro de sodio, que pueden filtrarse al medio ambiente y contaminar las aguas subterráneas y superficiales.
• Alteración de ecosistemas. La extracción de grandes volúmenes de salmuera puede alterar los ecosistemas acuáticos y terrestres, lo que afecta a las especies locales, como flamencos y otros animales acuáticos que dependen de los cuerpos de agua.

Con estos antecedentes se llegó a un 2023 donde los conflictos estallaron. El Decreto 5772 firmado por las autoridades provinciales en 2010 establecía las CPLI. Sin embargo, ese requisito no se cumplía y por eso la conflictividad creció, con cortes de ruta y otras protestas. El 11 de febrero de 2023 el gobierno jujeño, encabezado por Gerardo Morales, dictó el decreto 7751 que reglamenta la Ley General de Ambiente, y derogó el decreto 5772. La nueva norma solo menciona informes de impacto ambiental, dejando de lado las CPLI.

El 16 de junio del año pasado se aprobó a puertas cerradas una reforma a la Carta Magna de la provincia. El articulado incluye restricciones al ejercicio de la democracia, como el derecho al ambiente sano, la consulta a pueblos indígenas y penalización de la protesta social. La reforma pasa por arriba de la Constitución Nacional y acuerdos internacionales firmados por nuestro país como el Acuerdo de Escazú.

Las protestas contra la reforma generaron hechos de violencia extrema por la represión dispuesta por el gobierno jujeño, además de notificaciones a centenares de personas de multas por actas contravencionales, procesos penales y presentación de pruebas por parte del Estado de material surgido de acciones de inteligencia policial y espionaje a las organizaciones sindicales, sociales y de los pueblos originarios.

Las situaciones de inseguridad de las y los defensores del territorio que levantan su voz para reclamar los derechos son una constante. El agudo crecimiento de la demanda de litio y las insuficientes políticas de cuidado de los bienes naturales y de los derechos por parte del Estado se convierten en una amenaza a los territorios que va en aumento.

El contexto social, político y económico, regional, nacional y local de los territorios es alarmante y violento, no solo por los graves efectos del cambio climático, sino por el avance permanente de las industrias extractivas, la implementación de políticas neoliberales, la presión de grupos conservadores y antiderechos como parte de un modelo de desarrollo económico hegemónico, capitalista, patriarcal y colonialista.

El documento se puede descargar haciendo clic aquí.

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