Buenos Aires, 14 de julio de 2023

A la Sra. Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación Del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación

Cecilia Nicolini

Ref. Solicitud urgente de vigencia del Acuerdo de Escazú

Las organizaciones defensoras de derechos abajo firmantes nos dirigimos a Ud. a fin de hacerle llegar información actualizada sobre la reiterada violación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado provincial de Jujuy en el marco del proceso de reforma constitucional de la Provincia de Jujuy, y a través de múltiples acciones intimidatorias, represivas y de criminalización hacia quienes se manifiesten públicamente en defensa de sus derechos. Por medio de la presente, le solicitamos como autoridad de aplicación del Acuerdo de Escazú arbitre los medios necesarios para garantizar su vigencia en el territorio provincial, en especial se aseguren los derechos de las personas defensoras del ambiente.

Como fuese señalado por nota a su persona el día 19 de junio de 2023, el gobierno de la provincia de Jujuy impuso un proceso de reforma con problemas de legalidad e ilegitimidad, y un marcado retroceso en materia de derechos humanos. Como hemos señalado en dicha nota, el proceso evidenció una falta de voluntad de promover la participación de los distintos sectores de la sociedad, caracterizándose por su falta de transparencia y participación, incumpliendo con la participación real, efectiva y temprana del público en general como establece el aprobado Acuerdo de Escazú en materia ambiental.

Cabe mencionar que desde su inicio las protestas han tenido una fuerte impronta ambiental y muchos de quienes protestan son defensores de derechos ambientales. En esta línea, uno de los principales reclamos es que el nuevo texto constitucional genera condiciones más favorables al avance de las industrias extractivas, y en particular la explotación de litio, sobre los territorios de las comunidades indígenas. Las comunidades denuncian de manera reiterada que estas industrias avanzan sin cumplir con la consulta libre, previa e informada, y que tienen un impacto negativo sobre sus territorios, en particular en relación a la disponibilidad de agua.

Las organizaciones abajo firmantes nos vemos en el deber ético y moral de enviarle esta segunda solicitud urgente de vigencia del Acuerdo de Escazú, frente a los reiterados hechos de intimidación, violencia y criminalización de los defensores en la provincia de Jujuy.

Hasta la fecha, son más de 40 las órdenes de detención, allanamiento y secuestro. Sumado a ello, se ha reportado el inicio de causas penales contra más de un centenar de manifestantes así como de causas contravencionales contra ellos, que implican la imposición de elevadas multas. Además, se están denunciando múltiples violaciones de los derechos humanos. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido a Argentina que respete las normas provinciales sobre el uso de la fuerza.

Estas acciones se han llevado adelante hacia personas defensoras de derechos, incluyendo manifestantes y referentes sociales y de comunidades indígenas, entre otros. Parte de dichas acusaciones se dieron bajo las figuras de sedición y privación ilegítima de la libertad, cuya gravedad busca asegurar la detención de los defensores. Se suman además, los reiterados reclamos por detenciones sin orden judicial, por desconocer el paradero de las personas detenidas, y por el uso excesivo de la fuerza, el cual derivó en múltiples personas heridas.

No solo no se asegura que las personas defensoras ambientales tengan un espacio adecuado para el ejercicio de sus derechos ni la debida protección, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú, sino que las manifestaciones públicas de comunidades y pueblos indígenas, movimientos sociales, sindicales y políticos de esa provincia, continúan y sufren graves hechos de represión por la policía provincial con un saldo significativo de detenidos y heridos.

Asimismo, el derecho de acceso a la justicia para personas defensoras de derechos se ha visto vulnerado sistemáticamente. Se ha denunciado que las órdenes de allanamiento y detención hacia manifestantes y referentes se dio de manera arbitraria, sin fundamentos claros y, como fue previamente dicho, bajo acusaciones desproporcionadas como la de sedición. En Humahuaca la fiscalía ha solicitado condenas de hasta 25 años de prisión para las personas detenidas y embargos por más de 2 millones de pesos. A esto se suman los pedidos de prisión preventiva bajo supuestos peligros de fuga, aunque sin fundamento alguno.

El día 13 de julio de 2023 se dio a conocer que se librarían órdenes de detención para personas defensoras de derechos, que en el ejercicio de la abogacía han defendido a manifestantes y referentes sociales e indígenas, y se han expresado en contra de la reforma constitucional. Dichas órdenes se dan bajo la acusación de sedición.

Este hecho de criminalización de defensores constituye una escalada represiva de extrema gravedad en tanto no sólo impide a los defensores ambientales actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad, tal como establece el Acuerdo de Escazú, sino que además obstaculiza el derecho de defensa de las otras personas detenidas y criminalizadas.

Desde el inicio del proceso de reforma constitucional hasta la fecha, la provincia de Jujuy violó los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia, a lo que se suman hechos de violencia policial, intimidación y criminalización de personas defensoras. Por todo ello, reiteramos nuestra solicitud de que arbitre los medios necesarios para asegurar la vigencia de la seguridad de las personas, los derechos de las personas defensoras del ambiente, y los restantes derechos emanados del Acuerdo de Escazú.

Sin más, quedando a la espera de su pronto involucramiento, la saludamos atentamente,

Alianza por el Clima ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales) / Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial) / ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) / CAUCE / CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) / Coalición Nacional por la Tierra Argentina / Consciente colectivo Eco House ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) / FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) / Fundación Plurales / FUNDEPS / SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia) / Sustentabilidad Sin Fronteras / Taller Ecologista