Violaciones a Derechos Humanos, comunidades indígenas y una reforma (in)constitucional
A cuatro días del inicio de la represión en la provincia de Jujuy, la calma solo implica un permanente estado de alerta. La adopción de una reforma constitucional que se realizó a puertas cerradas, sin consultas a la comunidad y con graves retrocesos en materia de derechos humanos como en el derecho a la protesta, derechos de las comunidades indígenas y comunidades locales, protección de bienes comunes naturales, fue lo que hizo estallar esta situación de extrema tensión.
Innumerables organizaciones sociales, sindicales, universidades, organizaciones locales e internacionales, se solidarizaron con la tremenda situación de las comunidades locales e indígenas de Jujuy que han sido víctimas de una represión brutal, desmedida y sanguinaria que dejó hasta ahora 170 heridos y más de 65 detenidos, según datos oficiales.
Con un comunicado oficial, Naciones Unidas, mediante el Representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, instó al gobierno nacional y provincial a reducir la violencia en Jujuy e investigar las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante las crudas represiones a las comunidades.
“Las autoridades, provinciales y nacionales, deben investigar con premura todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy. Pero también deben redoblar sus esfuerzos para promover el diálogo y reducir las tensiones, abordando las causas profundas de las protestas y evitando cualquier retroceso en términos de derechos humanos”, reza el comunicado que firma Jarab.
Inconstitucionalidad de la reforma y retrocesos en DDHH
La Constitución que impulsó el Gobernador Morales, y que se aprobó el 20 de junio con el apoyo de todo el bloque de diputados de la UCR y del PJ, presenta retrocesos serios a los derechos humanos, tal como hemos expuesto en reiteradas comunicaciones.
Al respecto, el Representante de Naciones Unidas estimó que “presenta incongruencias con las normas internacionales de derechos humanos, abriendo espacio a retrocesos en materia de reunión pacífica”. Citando entidades de la ONU como el Comité de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre la Libertad de Reunión Pacífica, Jarab aseveró que la libre circulación vehicular y peatonal no debe anteponerse a la libertad de reunión pacífica ni a la participación democrática, pese a las perturbaciones que estas puedan generar.
Además, en el comunicado de ONU Derechos Humanos también se expresa la preocupación sobre la nula participación de la población, en especial de las comunidades indígenas, en el proceso de reforma constitucional.
Sobre esto, Jarab recordó que “el ejercicio efectivo del derecho a la participación es central para la democracia, en particular para dar legitimidad a un cuerpo legal tan trascendente como una Constitución provincial” (el comunicado completo de ONU se puede leer clickeando aquí).
Además de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- también se ha manifestado por medio de un comunicado de prensa en el cual “insta a Argentina a establecer procesos de diálogo transparentes y voluntarios, que incluyan a las autoridades tradicionales locales, con el fin de abordar las demandas de los pueblos indígenas. En particular, hace un llamado a las autoridades locales de la Provincia de Jujuy a dialogar de manera amplia y constructiva con los gremios docentes y sindicatos movilizados en torno a las protestas relacionadas con reclamos salariales docentes y con la reforma constitucional provincial. La CIDH y sus Relatorías Especiales están a disposición del Estado para apoyar en estos procesos de diálogo en relación con los distintos mandatos involucrados” (el comunicado completo de la CIDH se puede leer clickeando aquí).
Deslegitimación de las Comunidades Indígenas
Las comunidades y pueblos indígenas que vienen sosteniendo reclamos legítimos ante el atropello de sus derechos, exponen y desmienten, mediante carta abierta, los argumentos que el gobierno provincial está utilizando para desacreditar sus reclamos. Compartimos el texto completo:
Junio, Jujuy, Argentina
Mentiras para deslegitimar la lucha de los pueblos indígenas utilizadas por Gerardo Morales
- Que somos mandados por Milagro Sala
- Que nos financia el justicialismo, el kirchnerismo y la izquierda
- Que somos turistas piqueteros
- Que nos estamos manifestando involuntariamente, amanezados con perder planes sociales
- Que somos violentos y delincuentes
Todo es mentira, dejen de subestimarnos. Nuestra lucha y reclamos es legítimo como pueblos indígenas preexistentes que no pedimos nada, solo que nos dejen seguir viviendo en paz como lo hicimos por cientos de años, en armonía con la naturaleza y protegiendo a la pachamama. Siempre fuimos marginados y olvidados en nuestros territorios por ser considerados desiertos donde no había vida, pero nosotros los habitamos todos estos años. En la actualidad nuestras tierras dejaron de ser considerados “nada” porque grandes corporaciones extractivas vieron en ellos la forma de hacerlos dinero, aunque ello implique dejarnos sin recursos naturales como el agua. Y quienes supuestamente gobiernan por el pueblo sin dudarlo se los permiten.
En los cortes de los distintos puntos de la provincia de Jujuy hay familias y comunidades enteras, que sin importar el frío mantenemos los caminos y rutas cortadas porque es la única forma de que nos escuchen. Fue la única forma de que hoy en los medios nacionales se esté hablado de las comunidades indígenas de la quebrada y puna jujeña. Lo único que se ve en las imágenes y videos, que circulan en diferentes medios, es a hermanxs que tuvieron que dejar sus haciendas y ganado para defender sus derechos, siendo reprimidos por policías con armas y escudos enviados por el gobierno que entrega nuestros territorios. No muy diferente a cuando llegaron los colonizadores hace 529 años a América y nuestras únicas armas de defensa eran las piedras, los arcos y las flechas.
Consideramos que no solo basta con una consulta previa e informada, si primero no se nos respeta como personas y se nos trata como ignorantes, violentos y delincuentes. Hoy si detectamos infiltramos a policías de civil, enviados para hacer daño e identificar con nombre y apellido a hermanxs para luego arrestarnos como ya paso el sábado 17 de junio. Descubrimos a 3, y a diferencia de lo que inmediatamente salieron a decir los medios nosotros nos lo violentamos ni los tuvimos secuestrados, hay videos que demuestran como intentamos explicarles nuestra lucha.
Abajo la reforma que beneficia a empresas extranjeras que se llevan explotan recursos naturales y solo dejan contaminación y despojo!
