La jornada previa a la COP 2 de Escazú permitió poner en común una serie de problemáticas comunes a los distintos países del continente. Aquellos que ya lo ratificaron piden su aplicación previa. Y aquellos que todavía no lo firmaron exigen dar ese paso.

Distintas organizaciones, entre las que está la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina, llevaron adelante una serie de actividades en el marco de la COP 2 de Escazú, que sirvieron como previa a este evento para poner de relieve las situaciones de violencia y criminalización que sufren las y los defensores de la tierra en nuestro continente.

La jornada tuvo cinco paneles en los que se presentaron exponentes de distintos países y representantes de organizaciones de origen variado.

Panel 1: Las y los defensores ambientales en Perú y sus demandas en el actual estallido social

En el primer panel se buscó identificar como se insertan las demandas de los y las defensores ambientales en las recientes protestas sociales, cuál ha sido la respuesta del Estado y cuál es el panorama a un futuro cercano sobre la atención a estas demandas.

Las personas que participaron del panel dieron cuenta de discriminación presente antes del estallido de la crisis, las trágicas muertes a consecuencia de las protestas y la respuesta del estado frente a dichas situaciones.

Eso se reflejó en los dichos de Hilda Calle, de ONAMIAP, que aseguró que la discriminación recrudeció luego de la elección de Pedro Castillo como presidente de Perú. La ola de discriminación y represión se cristalizó en violencia luego de su caída. David Velasco, de FEDEPAZ, afirmó que el Estado peruano no reconoce el criterio de criminalización de las y los defensores de la tierra: “El Estado se ha mantenido renuente al incorporar este elemento porque en realidad es el reconocimiento de la práctica sistemática que tiene el Estado para estar criminalizando”.

Por último, Ana María Vidal de EarthRights International dijo que “del 2000 al 2022, las violaciones a los derechos humanos empiezan a darse por el extractivismo exacerbado, es decir, las políticas públicas empiezan una tendencia a la neoliberalización y demás, para permitir que entren las empresas extractivas y puedan explotar los recursos naturales del territorio, pasando por encima de la población”. Desde 2022 a esto se suman otras violaciones a los DDHH que se une a las derivadas del extractivismo, que son las vinculadas a la estrategia de represión por parte del Estado.

Panel 2: Políticas públicas de protección de defensoras y defensores ambientales

Este panel buscó evidenciar los avances u obstáculos que se presentan en los países de la región respecto a la implementación de políticas de protección de defensoras y defensores.

Javier Medina de CINEP se refirió al caso de Colombia, donde “se ve que el país tiene una de las mejores políticas públicas de protección de defensores” y no obstante “Colombia es uno de los países más peligroso para defensores debido a que las políticas de protección a defensoras se dieron en el gobierno anterior y en este se priorizó un enfoque militarista”.

Sofía Vargas de OXFAM recordó que en los últimos tres años en Perú ya fueron asesinados 20 líderes indígenas al tiempo que durante la pandemia “avanzaron mucho las economías ilegales como minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico”. “Con mucha preocupación vemos que el Estado se ha quedado atrás en la lucha contra esas economías”, lanzó. Tanto es así que de los 20 defensores indígenas asesinados, solo un caso tiene condena y ni siquiera se trata del autor intelectual.

Proética junto a IDL realizaron un cuadro del seguimiento de participación a las reuniones de coordinación por parte de los ocho ministerios involucrados en el Mecanismo Intersectorial y se pudo evidenciar que había ministerios que no asistieron a ninguna reunión. Por esto es necesario ratificar el Acuerdo con el fin de fortalecer el marco de exigibilidad.

Orieta Llauca, defensora ambiental de Chile, dijo que aunque su país ratificó el Acuerdo de Escazú, “para que el Acuerdo sea útil debe escucharse a quienes beneficiará, pero en Chile el Acuerdo se está implantando a puerta cerrada”. Entre los reclamos se encuentran un protocolo de salud para los defensores, una actuación policial efectiva y corregir la legislación que no reconoce a los pueblos indígenas.

Sobre la situación de Argentina, Nicolás Avellaneda, facilitador de ENI Argentina y representante de Fundación Plurales, sostuvo que “en Argentina no tenemos un mecanismo de protección, existen protocolos en diferentes materias, pero no resultan ser efectivos”. Es más, “hasta ahora tampoco se cuenta con una definición de defensores”.

“Si bien en Argentina el asesinato de defensoras y defensores registra números bajos en comparación con otros países, las cifras de criminalización son grandes. En Argentina no solo se lucha contra alguna empresa extractivista sino que también existe una lucha contra el Estado”.

Para Andrés Napoli, exrepresentante del público, “el Acuerdo de Escazú es una caja de herramientas y las personas que estuvimos en las primeras etapas de este proceso logramos el ingreso del artículo 8 al Acuerdo, el cual ni siquiera estaba pensado”. Afirmó que “la CEPAL todavía no se ha dado cuenta que este acuerdo ya pasó a otra etapa, pero mantiene sus rasgos originarios”.

Panel 3: Escazú como herramienta de protección efectiva para personas defensoras del ambiente y el territorio

Los panelistas identificaron las herramientas que ofrece el Acuerdo de Escazú y como estas deberían ser implementadas en beneficio de la protección de defensoras y defensores.

Mayra Macedo, de ONAMIAP, resaltó que “la mayoría de los asesinatos solo son de varones, no aparecemos las mujeres y nosotras tenemos miedo de recurrir a las instituciones públicas porque a veces son los mismos policías quienes nos están matando”. Isabel Gatica Palavecino, del Comité Ambiental Comunal de Tucapel (Chile), dijo que “la situación de los defensores y defensoras en mi región es crítica y vemos constantemente amenazas, secuestros, agresiones físicas, intentos de homicidios, atentados a los domicilios, que muchas veces no llegan a denunciarse por temor y cada día somos más las personas amenazadas”. En ese sentido, opinó que “desde la firma del tratado no hemos visto ningún cambio en el Biobio, en el Estado vemos que sus herramientas no son funcionales y no están de acuerdo con el Acuerdo de Escazú”.

También habló Karla Maass, coordinadora regional de la Alianza Cuencas Sagradas, quien coincidió con los otros expositores en cuanto a que “el Acuerdo de Escazú, si bien es una herramienta, no va a ser funcional si no llega a ser implementado y eso depende en gran medida de los Estados, pero también del público”. Pidió “que el principio de máxima publicidad sea efectivo”. Aldana Martín, de ECMIA, dijo que a pesar de que ratificó el Acuerdo de Escazú, este “no representa una herramienta que nos brinde garantías porque muchos de nuestros hermanos han sido vulnerados, en tanto por la firma del Acuerdo se nos ha estigmatizado y discriminado”.

Por último, Mijael Kauffman, representante del público, aseguró que “hemos visto y sido testigos que la propia cumbre del Acuerdo de Escazú ha vulnerado el derecho de participación de los defensores y líderes indígenas en tanto se excluyó la sesión plenaria a muchos compañeros y compañeras”. Por eso reclamó que “lo sucedido no se repita”.

Panel 4: Situación de las personas defensoras de la tierra en Argentina: Retos y posibilidades de la implementación del Acuerdo de Escazú

En este panel tomaron la palabra defensoras que dieron cuenta de los conflictos en sus territorios. Elizabeth del Valle Mamani, del Salar del Hombre Muerto, dio cuenta del conflicto en Catamarca y Salta que se basa en el tema del litio. “Tenemos muchas empresas multinacionales que están avanzando con aprobación del Estado. Por ello esperamos que este Acuerdo de Escazú pueda representar un avance en que podamos ser escuchados y tomados en cuenta”, dijo.

Virginia De Francesco, de la Defensoría del Pueblo, se refirió a los problemas de acceso a la información. El dato más saliente de su discurso fue que de 169 países Argentina se ubica en el puesto 15 sobre conflictos socioambientales con una conflictividad media y alta y que ello significa que en muchos casos existe represión.

Erika Cañari, defensora de Salinas Grandes y Laguna de Guaytayoc (Jujuy), contó que también la exploración y explotación del litio afecta a las comunidades. Esa lucha siempre está atenta a que cuando el gobierno quiere reprimirnos con sus máquinas nosotros podamos estar ahí para hacerle frente”, expresó. “Nosotros de cara al futuro no estamos dispuestos a aceptar la destrucción de nuestros territorios. Afrontamos muchas dificultades en nuestra lucha, muchas a causa de las autoridades”, agregó Cesar Colque, defensor de la misma región.

Panel 5: Demandas y propuestas de mujeres defensoras del ambiente y el territorio de América Latina y el Caribe

Este panel buscó enfocarse en la situación específica de las mujeres en el contexto de las problemáticas que se trataron en los otros paneles.

Ofelia Pastrana, de Ecofeminario, dijo que “la situación actual nos deja en una total indefensión y el sistema patriarcal en el que vivimos posibilita que las mujeres enfrenten mayores situaciones de violencia”.

Suyapa Castro, de ASONOG, refirió que “en Honduras las mujeres tienen que combatir con las situaciones amenazantes que se generan en el país más inseguro del mundo para defensores, muchas veces en su estado de indefensión afrontan la criminalización”.

“Las mujeres enfrentan una triple discriminación en tanto tienen como motivos su género, su condición socioeconómica y su origen”, añadió Castro.

Desde Perú, Augostina Mayan -defensora indígena awajún- puntualizó que “la minería ilegal genera un peligro constante en tanto las amenazas que recibimos como defensoras son directas, debido a que es fácil que estas personas puedan encontrarnos en nuestros territorios” y que “las organizaciones no gubernamentales son quienes nos dan fuerza a los defensores para existir”. Por eso, pidió que Perú ratifique el Acuerdo de Escazú.

Finalmente, María Rosario, de ASOMI (defensora de Putumayo, Colombia), exigió que no solo se ratifique el Acuerdo “sino que también pueda materializarse y proteger efectivamente a las defensoras y defensores”.