Alerta por el intento de derogar la ley que protege la posesión de tierras de comunidades indígenas
Comunidades campesinas e indígenas manifiestan su repudio al intento de los diputados Javier Milei y Victoria Villarruel de derogar la Ley 26.160 que protege posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. La norma evita desalojos hasta tanto no se complete el relevamiento de tierras a nivel nacional y se certifique la ocupación ancestral.
El 12 de mayo del 2022, un grupo de diputados y diputadas encabezados por Javier Milei y Victoria Villarruel (ambos del bloque La Libertad Avanza) presentaron un proyecto para solicitar la derogación de la Ley 26.160. Este hecho pone en estado de alerta a las comunidades campesinas e indígenas de todo el país, ya que esta norma es el escudo legal que evita los desalojos en tierras de todo el país hasta tanto no se complete el relevamiento a nivel nacional que determine cuáles son los territorios que por posesión ancestral corresponden a las comunidades.
Además de Milei y Villarruel, otros siete diputados nacionales acompañaron y firmaron el proyecto de derogación: José Luis Espert y Carolina Píparo (Avanza Libertad-Buenos Aires), Francisco Sánchez (Pro-Neuquén), Dina Rezinovsky (Pro-Capital), Carlos Zapata (Ahora Patria-Salta), Paula Omodeo (Creo-Tucumán) y Alberto Asseff (Pro-Buenos Aires).
Victoria Villarruel dijo que pretenden avanzar con la derogación porque esta ley «está basada en una emergencia que al día de hoy no existe y que solo ha servido de paraguas para que a través de la comisión de delitos se creen derechos». Exponen que es una Ley que “ampara hace más de 15 años las usurpaciones de los pueblos mapuches y otros pueblos originarios”, desconociendo claramente los derechos preexistentes que tienen estas comunidades sobre el territorio que habitan.
Este Proyecto de Ley va en contra del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional que reconoce «la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas», del Convenio 169 de la OIT -ratificado por Argentina en 2014- que establece que debe otorgarse a los pueblos indígenas «el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan», ade´más de acuerdos internacionales sobre DDHH como el Acuerdo De Escazú y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 1, 2, 5 y 15.
¿Qué es la Ley 26.160?
La Ley 26.160 en Argentina declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” y suspende los desalojos mientras se releva la ocupación ancestral.
La misma se aprobó en 2006 y tenía plazo de vencimiento el 23 de noviembre del 2021. Luego de un largo proceso de lucha que incluyó marchas, acampes y otras acciones de incidencia, se logró prorrogar el plazo hasta el 23 de noviembre de 2025 mediante un DNU (Decreto de Necesidad y urgencia) 805/2021DECNU-2021-805-APN-PTE – Ley N° 26.160. La del año pasado fue la tercera prórroga desde su aprobación.
Sin embargo, este es un paraguas legal provisorio hasta que se apruebe la Ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y cuya aprobación en Diputados es un reclamo de ENI Argentina, las organizaciones que la componen y las comunidades campesinas e indígenas de todo el país.
En los cuatro años que hay desde la última prórroga hasta la fecha límite de noviembre de 2025, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) -que depende del Ministerio de Justicia de la Nación- deberá completar el relevamiento de las tierras que ocupan las comunidades indígenas.
Aunque esta Ley no reconoce ni avanza en la titulación de esas tierras y los desalojos se producen igual, entendemos la importancia de la continuidad de esta norma como una salvaguarda legal hacia el reconocimiento de los derechos a las comunidades originarias y la entrega de títulos.
Repudiamos las prácticas antiderechos
Como Plataforma Nacional por la Tierra, conformada por más de 40 organizaciones de Argentina que trabajan por la defensa de los Derechos al Territorio, en el marco de la International Land Coalition (ILC), y Redes de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales, repudiamos este proyecto ANTIDERECHOS y reforzamos nuestro apoyo a las comunidades originarias y campesinas de nuestro país que vienen luchando por la Ley 26.160.
La criminalización y persecución de los y las defensoras del territorio es una práctica sistemática y en crecimiento que venimos observando y denunciando ante los organismos de Derechos Humanos en toda América Latina.
¡Defendamos a quienes defienden la tierra!
ENI Argentina
Plataforma Nacional por la Tierra
International Land Coalition
