Las comunidades se manifestaron frente al Congreso pidiendo que la Cámara de Diputados sesione y apruebe la prórroga de una ley que es fundamental para garantizar el acceso a la tierra.

Representantes de organizaciones indígenas de distintos puntos del país se acercaron al acampe instalado frente al Congreso para manifestarse en reclamo de una sanción efectiva y vía Poder Legislativo de la prórroga de la Ley de Relevamiento Territorial. Este pedido de las comunidades es urgente, ya que la ley contiene la herramienta que permite dar garantía absoluta del efectivo acceso a la tierra. Esto cobra mayor importancia en un contexto en el que desde distintos medios y sectores políticos se pretende demonizar a las comunidades que reclaman sus derechos ancestrales.

Desde 2006, esta ley se prorroga cada cuatro años y todavía no logra una aprobación plena. Este año, la propia prórroga es la que parece demorar. Por eso, desde hace un mes las organizaciones acampan frente al Congreso haciendo visible su reclamo.

La ley ya tiene media sanción del Senado y espera el tratamiento en Diputados, que tiene tiempo hasta el 10 de diciembre para incluir esta norma en una sesión. “Si no, puede venir cualquier descolgado y derogar el decreto y las comunidades quedan sin el relevamiento territorial, que garantiza el acceso a la tierra”, indicó Marta González, miembro de ENI Argentina que asistió a la manifestación en su condición de integrante del Consejo de Participación Indígena (CPI). “Era oportuno acompañar a los compañeros y hermanos del acampe”, aseguró González.

El día de la manifestación confluyeron en la Plaza de Mayo organizaciones sociales y sindicales que llevaban sus propios reclamos y apoyaron el pedido de las comunidades.

La referente indígena -representante de Encona (Encuentro de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Argentino), participa del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir- resaltó que la movilización de 2017 –que también reclamaba la prórroga de la ley- tuvo una mayor concurrencia de las comunidades pero destacó que en esta oportunidad se tejieron vínculos y se concretaron reuniones importantes: “Hubo cinco marchas ese día. Aunque capaz haya sido un poco confuso, creo y confío en que va a dar buenos resultados. Se logró una reunión con gente de la CGT, con Pablo Moyano y con el titular de la CTEP, Esteban Castro. Eso es muy positivo”.

El acampe de las comunidades se va a mantener al menos hasta el 30 de noviembre. Ese día está convocada una nueva manifestación para darle fuerza al reclamo, a la espera de que la Cámara de Diputados reaccione y antes de fin de año la prórroga de la ley esté garantizada.

La extensión de la ley de emergencia territorial indígena tuvo luz verde en la Cámara Alta y fue girada a Diputados. Redes Chaco, miembro de ENI Argentina, acompañó y apoyó acciones de incidencia de la Organización de Pueblos Indígenas del NOA (OPINOA) para impulsar esto.

El Senado nacional aprobó la prórroga de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena, que evita desalojos en las comunidades y tiene fecha de vencimiento para el próximo 23 de noviembre. Ahora debe aprobarse la extensión en Diputados para que la ley tenga vigencia hasta fines de 2025. La emergencia territorial indígena evita desalojos mientras se desarrolla el relevamiento de la ocupación territorial indígena. El objetivo es completar ese proceso en estos cuatro años y que se entreguen los títulos de propiedad a las comunidades.

La prórroga sumó 43 votos afirmativos, dos negativos y siete abstenciones de senadores de la oposición, durante la segunda sesión con presencialidad plena que se desarrolla hoy desde el levantamiento de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

En la discusión, algunos legisladores intentaron mezclar la discusión de esta ley con las cuestiones territoriales del sur del país, que se fogonea en estos días en muchos medios de comunicación del país intentando equiparar a comunidades indígenas con terroristas. El cordobés Ernesto Martínez y el riojano Julio Martínez (ambos de Juntos por el Cambio) fueron quienes votaron en contra de la prórroga de la ley. Las siete abstenciones también provinieron de votos de ese espacio.

Además de la extensión de la emergencia territorial y la suspensión del desalojo, la norma también dispone la asignación, para los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad a la sanción de esta ley, de un crédito de 290 millones de pesos destinados al fondo especial creado por la citada ley de comunidades indígenas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deberá presentar un informe anual que detalle el estado de avance de estados catastrales.

Redes Chaco acompañó a OPINOA a impulsar la prórroga

Representantes de la Organización de Pueblos Indígenas del NOA (OPINOA) pasaron algunos días en Buenos Aires realizando acciones de incidencia con el fin de propulsar la Prorroga de la Ley 26.160 y la exigencia de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. Allí mantuvieron reuniones con funcionarios del INADI, de ANSES y del INAI, además de encuentros con directivos de las universidades nacionales de Avellaneda y Quilmes y con el bloque de senadores del Frente de Todos.

En estas acciones OPINOA contó con el apoyo y el acompañamiento de Redes Chaco, organización miembro de ENI Argentina. Desde OPINOA manifestaron «la convicción de que el dialogo intercultural es una construcción para luchar por los objetivos de garantizar el BUEN VIVIR, la defensa del Territorio comunitario, la Defensa de La Madre Tierra, y un Estado Soberano y Plurinacional, Pluricultural y Plurilingüe». «Nuestra lucha en defensa del territorio es permanente, el territorio no se negocia, es parte de nuestra identidad, es nuestra vida», completa la nota enviada a Redes Chaco.