En el marco del Decenio de la Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe, organizaciones que forman parte de ENI Argentina, la Iniciativa Regional de Agricultura Familiar  y la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) elaboraron el Informe País sobre el escenario de la agricultura familiar en nuestro país. La agricultura familiar produce más en menos tierras y genera más empleo que el resto del complejo agrícola.

El Informe País es un retrato de la situación de la agricultura familiar campesina e indígena en Argentina y es fruto de una construcción colectiva de las organizaciones involucradas en la temática y que forman parte de la ILC. En él se presentan datos oficiales de las instituciones estatales así como aquellos que surgen de la propia realidad de las y los productores.

En la República Argentina, de acuerdo a datos publicados por el INTA, se estima que en la actualidad existen 252 mil unidades productivas que realizan su accionar dentro la agricultura familiar e involucran la participación de cerca dos millones de personas y ocupan alrededor de 9% del territorio nacional.

Otro aspecto relevante que aporta el INTA es que la actividad económica de la agricultura familiar campesina e indígena tiene un impacto del 20% en el producto agropecuario nacional y genera el 54% del empleo en tan solo el 13% de las tierras cultivadas disponibles. 

La situación de las comunidades indígenas en Argentina está signada por un deterioro en su actividad productiva, debido fundamentalmente a la pérdida de su territorio en el cual las comunidades indígenas, agricultoras, pastoras de camélidos, cazadoras, recolectoras y pescadoras, desarrollaban su accionar productivo y de subsistencia.

En cuanto al marco legal, un hito fundamental es la promulgación de la Ley N° 27.118, de Régimen de Reparación Histórica que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva. Hoy una de las demandas más urgentes es la reglamentación de esta Ley. También fueron importantes la jerarquización institucional con la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar y espacios de participación como el Consejo de Agricultura Familiar.

La Agricultura Familiar, a partir de 2019, se convierte en un elemento central para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS), a partir de la Declaración del Decenio que fue impulsada por organismos internacionales como el Foro Rural Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

El Estado tiene entre las metas de producción, para el 2030, alcanzar los 157,5 millones de toneladas de granos: alrededor de un 60% más que en el año 2010. Esto significará pasar de una superficie sembrada de 33 millones de hectáreas a 42 millones de hectáreas, en términos porcentuales representará un incremento del 27% de la superficie destinada a la siembra. Asimismo, las demandas históricas de grupos particularmente desventajados respecto al acceso a la tierra, tales como las familias y comunidades campesinas y los pueblos indígenas, cuyo bienestar y supervivencia se encuentra ligado a su tenencia y su uso, no son tratadas con prioridad.

Desde mucho tiempo atrás hasta la actualidad existen conflictos originados en la propiedad y tenencia de la tierra entre extranjeros y comunidades campesinas y pueblos indígenas, además de tierras fiscales. Se siguen produciendo desalojos violentos contra estas comunidades, que no tienen un marco legal nacional que proteja su derecho de acceso y tenencia de la tierra. Dentro del ordenamiento jurídico argentino no existe un procedimiento que permita garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra para las familias campesinas que viven y trabajan en ella.

El NOA concentra la mayor cantidad de conflictos por temas de tenencia de la tierra (28,2%). Le siguen la Patagonia (21,1%), NEA (19,8%), Centro (19,1%) y Cuyo (11,7%). Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos. El 43,1% de los conflictos lleva entre uno y nueve años. El 20,9% entre 10 y 19 años. La gran mayoría (77,6%) de los poseedores viven en el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos).

La desaparición del 41% de los agricultores en Argentina marca que en la práctica existe una contra-reforma agraria que expulsa sistemáticamente a las familias agricultoras y que concentra la tierra en pocas empresas y terratenientes.

Argentina en el Decenio de la Agricultura Familiar

En concordancia con la declaratoria del Decenio de la Agricultura Familiar que busca crear un entorno propicio que fortalezca la posición de los agricultores familiares, campesinos e indígenas, poniendo en valor su protagonismo en la construcción del futuro alimentario a nivel global, Argentina se adhiere a la iniciativa, asumiendo de esta manera el Plan de Acción diseñado para aportar al cumplimiento de las metas del decenio como de los ODS.

En el Plan de Acción Mundial, el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (UNDFF, por sus siglas en inglés) define el accionar –desde lo local hasta lo global- que deben adoptar los países signatarios, en base a siete pilares complementarios y recíprocos: 

• Crear un entorno político propicio para fortalecer la agricultura familiar. 
• Apoyar a los jóvenes y asegurar la sostenibilidad generacional de la agricultura familiar.
• Promover la equidad de género en la agricultura familiar y el papel de liderazgo de las mujeres rurales.
• Fortalecer las organizaciones de los agricultores familiares y su capacidad para generar conocimiento, representar a sus miembros y prestar servicios inclusivos en el continuo urbano-rural.
• Mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el bienestar de los agricultores familiares y los hogares y comunidades rurales.
• Promover la sostenibilidad de la agricultura familiar para conseguir sistemas alimentarios resilientes al cambio climático.
• Fortalecer la multidimensionalidad de la agricultura familiar para lograr innovaciones sociales que contribuyan al desarrollo territorial y a sistemas alimentarios que salvaguarden la biodiversidad, el medio ambiente y la cultura.

Algunas conclusiones del Informe País

Con la presentación del proyecto de reglamentación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, se hace fundamental desarrollar acciones orientadas a garantizar una real participación de las familias de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena como actores centrales.

Una tarea pendiente en nuestro país, es realizar un relevamiento completo y serio de los datos sobre la situación actual de la Agricultura Familiar que sirva de línea de base para el diseño y ejecución de políticas públicas de largo plazo orientadas al cumplimiento de lo establecido en los siete pilares del UNDFF.

Se debe respetar el carácter integral de la Agricultura Familiar. Las políticas públicas sectoriales deberán tomar en cuenta todos los aspectos agroecológicos y territoriales, acceso a la tierra, recursos naturales, a la tecnología y al financiamiento y garantizar un real y efectivo apoyo a las y los productores familiares que generen mejoras sostenibles.

El Estado en todos sus niveles, conjuntamente las distintas instituciones y organizaciones de productores y productoras involucradas en la agricultura familiar, deben desarrollar un proceso de posicionamiento y visibilización de la misma y el aporte que realiza tanto a la economía, como a la seguridad y soberanía alimentaria argentina.

Las políticas, planes, programas y proyectos estatales sobre AF, deben ser conocidos y contar con el consenso de las y los productoras y productores como directos beneficiarios

Se deberán desarrollar acciones que garanticen que la AF sea un pilar central en todos los niveles de la agenda política y social de la gestión estatal; es decir, el ámbito local, provincial y nacional. Desde el Estado se debe apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de base para su efectiva participación en los temas que les afectan o benefician.

Se deberá fomentar y fortalecer los procesos subnacionales y transfronterizos que contribuyan al intercambio de información, tecnologías y saberes que mejoren la AF.

Para más información sobre el Informe País sobre Agricultura Familiar, Campesina e Indígenas, hacer clic aquí.