El documento tiene como marco el Diálogo Independiente Regional sobre Sistemas Alimentarios que se dio previo a la Cumbre de la ONU sobre Sistemas Alimentarios (UNFSS 2021). Los hallazgos fueron divididos en dimensión económica, ecológica y socio cultural. Además, se destacó la centralidad de garantizar los derechos a la tierra de mujeres y jovenes.

ENI Argentina participó del Diálogo Independiente Regional sobre Sistemas Alimentarios, previo a la Cumbre de la ONU sobre Sistemas Alimentarios 2021. Estos encuentros arrojaron diversos hallazgos sobre la situación de nuestro continente en relación a esta temática, que se plasmaron en un informe con las propuestas de 75 personas (50 mujeres y 25 hombres) representantes de organizaciones de la agricultura familiar, organizaciones campesinas e indígenas, movimientos por la agroecología, organismos de Naciones Unidas, ONG locales e internacionales; organizaciones de zonas urbanas y rurales, y universidades. El documento se puede leer completo haciendo clic aquí.

Desde ENI Argentina sumamos aportes surgidos del informe «Impacto Ambiental del Sistema Alimentario en los Derechos Humanos» que remitimos al Relator Especial de Derechos Humanos y Ambiente de la ONU.

El foco del documento está puesto en una consigna principal: Los derechos sobre la tierra son centrales para transitar a sistemas agroalimentarios sostenibles y equitativos. En el informe se expresa que la tierra es la base fundamental para proveer alimentos y el lugar donde se construyen los diversos modos de vida humana y que tanto la producción como la transformación, el comercio y el consumo, que son parte de los sistemas alimentarios, tienen su punto de partida en este recurso. A su vez, es parte esencial en la configuración de los territorios en los que los pueblos desarrollan su cultura.
Los hallazgos del informe están divididos en distintas dimensiones que abarca la problemática de los sistemas alimentarios.

Dimensión económica

En cuanto a lo económico, el informe propone avanzar en los procesos de titulación y catastro de tierras colectivas e individuales, e impulsar reformas agrarias integrales para una distribución equitativa de la tierra. En esa misma dirección se establece la necesidad de garantizar la rentabilidad de la agricultura campesina gracias a procesos de innovación. Otro aspecto a tener en cuenta son los circuitos de comercialización: deben ser circuitos cortos, de modo que permitan reducir distancias y el número de actores participantes en ellos. Por último, es fundamental el papel del Estado como regulador de la producción y el mercado, con injerencia en los precios y desarrollando políticas de compras públicas de alimentos a productores locales y de acceso a los mercados por parte de los mismos.

Dimensión ecológica

Los conceptos medio ambientales y de la ecología deben estar en el centro de los espacios de decisión. No deben ser comprendidos desde el mismo modelo hegemónico y depredador, que los relaciona a tecnologías verdes que continúan operando bajo las mismas lógicas extractivistas.

Las soluciones propuestas desde las finanzas son insuficientes: es necesario desinvertir en la agricultura corporativa y visibilizar los fondos públicos y privados destinados a la agricultura hegemónica, actual responsable de la destrucción del medio ambiente, de los pueblos originarios y de las posibilidades de alimentación saludable de la población.
Por todo esto, canales como la Cumbre de los sistemas alimentarios y el Decenio de la Agricultura Familiar deben ser aprovechados para hacer incidencia en políticas públicas, y se debe impedir que estos espacios se vuelvan serviciales al agronegocio.

El informe propone que las políticas públicas sean construidas con las organizaciones de base y apunten a: decrecimiento poblacional, redistribución, diversificación de los sistemas alimentarios y territorialización de los sistemas alimentarios. Esta postura va en contrapartida con algunas políticas públicas que cooptaron la base teórica de la agroecología para dar continuidad al sistema extractivo mediante el greenwashing corporativo.

Dimensión socio cultural

El informe también abarca este aspecto de los sistemas alimentarios. Es importante reconocer y analizar las particularidades culturales e identitarias que existen en un mismo territorio para desarrollar estrategias que favorezcan una mejor articulación entre los actores de los sistemas alimentarios. El concepto es recuperar la idea de la alimentación como un bien común y no como un negocio. Algunas de las conclusiones de los diálogos son que las dietas saludables deben ser de interés público primordial y la educación es una herramienta transformadora de la cultura alimentaria que debe contribuir a un consumo saludable desde la infancia.

El Estado debe participar con políticas para contrarrestar el cambio en los modos de producción vinculados al monocultivo para la exportación, además de reformas legislativas y políticas de protección dirigidas a los productores y producción local. Además, debe apostarse por semillas propias y proteger los conocimientos tradicionales vinculados a su uso, así como fortalecer los sistemas de producción internos.

Los derechos a la tierra de mujeres y jóvenes

El informe hace hincapié en estos dos grupos sociales y la importancia de garantizar sus derechos a la tierra.

En los diálogos se plasmó la necesidad de impulsar políticas de reconocimiento de la posesión y transición hacia la seguridad jurídica de la tierra, así como políticas de redistribución con equidad y acciones afirmativas para las mujeres rurales. También de emprender acciones para cambiar la cultura patriarcal en las comunidades, sin perder de vista la heterogeneidad de las mujeres rurales (campesinas, indígenas, afro y de frontera urbano-rural), revalorar el rol de las mujeres y sus conocimientos en la producción agrícola y tomar medidas de protección para defensoras de la tierra y naturaleza.

Las mujeres rurales tienen derecho no solo a la tierra, sino también al territorio.

Por otro lado, reconocer los derechos de la juventud sobre la tierra es vital para garantizar la sostenibilidad de los sistemas agroecológicos. El Estado debe favorecer la permanencia de los jóvenes rurales en el campo, garantizando sus derechos a la salud, educación, vivienda, alimentación, entretenimiento, internet, entre otras necesidades. No solo eso: se pueden establecer mecanismos financieros para incentivar el retorno al campo.

El empalme generacional y la transmisión de conocimientos fortalece la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.